07 Marzo 2010 Seguir en 
El debate sobre la presión fiscal en nuestra provincia es constante. Sectores empresarios y académicos polemizan con el Gobierno sobre el impacto que la carga impositiva tiene en las actividades económicas. En los últimos tiempos, la discusión se centró en el efecto negativo que produce el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos por ventas a extrañas jurisdicciones. Un cliente de otra provincia que realiza una compra aislada en Tucumán está obligado a tributar el impuesto a los Ingresos Brutos por ventas a extrañas jurisdicciones, lo que le encarece su operación en un 5%. A menudo, esto deriva en que la venta comercial finalmente no se concrete, lo que afecta al empresario local, que pierde un ingreso, y a la Provincia misma, que deja de percibir el impuesto a los Ingresos Brutos.
La situación generó frecuentes denuncias por parte de la Federación Económica de Tucumán (FET), entidad que traslada al Gobierno provincial las quejas de sus asociados. También en los últimos días hubo manifestaciones similares por parte de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), en respuesta a las dificultades que afectan a las industrias textiles que están radicadas en nuestra provincia.
LA GACETA convocó a cuatro entidades para que brinden su opinión sobre la presión fiscal de Tucumán, y en general hubo acuerdo en que resulta demasiado elevada. Especialistas de la FET, de la Fundación del Tucumán, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) coincidieron en que es necesario impulsar una profunda reforma del sistema fiscal de la provincia. Un argumento que se esgrime a favor de este reclamo es el reciente caso de la radicación de una empresa de capitales tucumanos, del grupo Lucci, en la localidad de Frías, en la vecina Santiago del Estero, donde opera una ley de promoción industrial que alienta la radicación de nuevas inversiones justamente a partir de la flexibilidad impositiva.
El titular de la Dirección General de Rentas (DGR), Pablo Clavarino, defendió el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos por ventas a extrañas jurisdicciones, y aseguró que se trata de una disposición que rige en todas las provincias, y que no entra en colisión con el Convenio Multilateral.
La situación generó frecuentes denuncias por parte de la Federación Económica de Tucumán (FET), entidad que traslada al Gobierno provincial las quejas de sus asociados. También en los últimos días hubo manifestaciones similares por parte de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), en respuesta a las dificultades que afectan a las industrias textiles que están radicadas en nuestra provincia.
LA GACETA convocó a cuatro entidades para que brinden su opinión sobre la presión fiscal de Tucumán, y en general hubo acuerdo en que resulta demasiado elevada. Especialistas de la FET, de la Fundación del Tucumán, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) coincidieron en que es necesario impulsar una profunda reforma del sistema fiscal de la provincia. Un argumento que se esgrime a favor de este reclamo es el reciente caso de la radicación de una empresa de capitales tucumanos, del grupo Lucci, en la localidad de Frías, en la vecina Santiago del Estero, donde opera una ley de promoción industrial que alienta la radicación de nuevas inversiones justamente a partir de la flexibilidad impositiva.
El titular de la Dirección General de Rentas (DGR), Pablo Clavarino, defendió el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos por ventas a extrañas jurisdicciones, y aseguró que se trata de una disposición que rige en todas las provincias, y que no entra en colisión con el Convenio Multilateral.
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