Un fallo permite que Jerez siga investigando

La Corte Suprema dispuso una medida de no innovar, por lo que aún no se aplicará la ley sancionada por la Legislatura.

Por Redacción Política 23 Abril 2002
Los defensores de que Esteban Jerez siga al frente de la Fiscalía Anticorrupción recibieron anoche una buena noticia. La Corte Suprema de Justicia de la provincia, en un fallo dividido, dispuso una medida de no innovar hasta que resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada -por el legislador José Ascárate y el concejal Raúl Moreno (UCR), y el dirigente peronista Oscar López- contra la ley 7.204, por la que la Legislatura modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y apartó a Jerez de la investigación de los casos de corrupción en el Estado. En consecuencia, los cambios no se aplicarán y el fiscal seguirá adelante hasta que no se falle sobre la cuestión de fondo.
Héctor Eduardo Area Maidana, René Mario Goane y Alberto José Brito concluyeron que los cambios previstos por la ley son de tal impacto estructural y funcional que es necesario hacer adaptaciones y modificaciones para preservar el adecuado funcionamiento del servicio de Justicia. "La magnitud de la alteración de competencias previstas en la Ley 7.204 podría conducir en lo inmediato a la caducidad de las investigaciones en curso y aun a la paralización de la instrucción penal en la provincia", afirmaron.
Recordaron que sólo en 2001 las fiscalías I, V y X -son las que deberían investigar la corrupción de acuerdo con lo resuelto por la Legislatura- recibieron un promedio de 3.039 casos. "La inmediata transferencia de causas, afectadas por la disposición transitoria de la Ley 7.204, importará el cambio de radicación de aproximadamente 9.000 causas, con más las correspondientes a la Fiscalía VI, con la consecuente alteración en las estrategias de investigación seguidas por cada fiscal en las causas a su cargo", manifestaron.

El voto de la minoría
En disidencia y con argumentos diferentes, votaron Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur. El primero sostuvo que el pedido de dictar una medida cautelar de no innovar "se tornó de cumplimiento imposible", toda vez que la Ley 7.204 ya fue promulgada.
"La medida cautelar peticionada es también improcedente porque configuraría un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, en el que se declarará el derecho y en tal declaración se agotará la pretensión (acción declarativa de inconstitucionalidad)", aseveró Gandur. En lo que sí coincidieron los cinco vocales de la Corte es en desestimar la recusación sin causa, en los términos del artículo 14 del Código Procesal Civil, planteada por los actores contra Dato y contra Gandur. Estos, por ende, actuarán cuando se resuelva el fondo de la cuestión.

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