Todo bajo control

No hay derecho al pataleo, dirían en la tribuna. Y son los riesgos que se corren cuando se apuesta a un proyecto político que constantemente pone a prueba a sus seguidores. Pertenecer tiene sus privilegios, pero también un cúmulo de reglas no escrita que se adaptan a las circunstancias.

La fría letra del Pacto Social demuestra que para la Casa de Gobierno nada está oculto. Del mismo modo que la Casa Rosada pone a pruebas y a exámenes periódicos al gobernador José Alperovich. Sobre lo que pasa en la Provincia con los municipios hay reacciones, pero nada se dice respecto de que la Nación le giró y puede llegar a girar menos plata a la provincia de lo presupuestado. Son las reglas de juego.

El silencio es el escudo de los políticos que quieren sobrevivir a los avatares electorales. Domingo Amaya así lo entiende. Tuvo que demostrar -y lo sigue haciendo- de que su gestión al frente de la Municipalidad de esta ciudad es fiel al alperovichismo. Y que no está dispuesto a sacar los pies del plato, sea por convicción política o por conveniencia financiera. Sólo él lo sabe.

Amaya sigue gozando casi de la mitad de los recursos que el Poder Ejecutivo "invierte" entre los municipios, a través del Pacto Social. Sin dudas que los $ 323,8 millones que el Gobierno proyecta girar a la Capital le alcanzarán al intendente para abonar los salarios de todo el año. Aún más, si hay incrementos se los cubrirá con la asistencia del Ejecutivo.

De todas maneras, resulta llamativo que las partidas del pacto hayan crecido tan sólo el 9% (el reajuste no responde a la ecuación de crecimiento más inflación que suele aplicarse en estos casos) versus un 15% del promedio global. Por más que Alperovich no lo admita públicamente, el Gobierno aplica un estricto control sobre las cuentas municipales. A tal punto que, en el Ejecutivo sostienen que Amaya puede compensar la menor distribución porcentual con los casi $ 30 millones que la intendencia recibe por el pago electrónico de las tasas y de las contribuciones. El alperovichismo aprieta, pero no ahoga. En suma, le resta margen de maniobra política a la gestión de Amaya, en un municipio donde se concentra poco menos de la mitad de la población tucumana, pero con un fuerte caudal de votos, en tiempos electorales. El intendente de la capital sufre el efecto de la austeridad, esa que pregona el gobernador y que deberá demostrarse a lo largo del año, un poco por aquello de tener todo bajo control. Otro poco para mantener a la tropa dentro de la estructura y sin gran protagonismo que lo posicione de cara a las próximas elecciones.

Los Pactos Sociales han sido efectivos desde el momento en que el ex gobernador Julio Miranda los institucionalizó. No cabe dudas de que fue la base de las victorias electorales de Alperovich. Pero también se han constituido en una suerte de carta blanca para la Casa de Gobierno que, en muchos casos, se queda con casi toda la recaudación municipal que garantiza el pago del crédito otorgado. La Provincia, así, se ha convertido en el gran acreedor interno, pero en el gran deudor externo, frente a la Nación, que marcó el rumbo del financiamiento eterno.