LA GACETA
Cual ironía, mientras la Argentina atraviesa por otra crisis institucional, Chile fue aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países más avanzados. El lugar concedido a Chile, según la propia OCDE, supone un "reconocimiento internacional a casi dos décadas de reformas democráticas y sólidas políticas económicas".
El lunes, el día en que Chile ingresaba a la OCDE, el título del editorial del diario trasandino El Mercurio fue: "Problemas institucionales en la Argentina". Ni qué hablar de las observaciones de The New York Times sobre "la tendencia de la señora (Cristina Fernández de) Kirchner de intentar gobernar por decreto". Este elogio, debido a que la Presidenta, a partir de una decisión que fue aplaudida por el gobernador, José Alperovich, intentó mediante sendos decretos disponer de U$S 6.500 millones de reservas del Banco Central (BCRA) para cancelar parte de la deuda externa y destituir al titular del BCRA, Martín Redrado, por oponerse a la operación. Precisamente, esta proeza llevó al Financial Times a advertir que el BCRA "no sólo es la institución más creíble de Argentina", sino que "sus reservas son el ancla de la estabilidad económica de un país que es sinónimo de diseño caprichoso de políticas".
Lo preocupante es el desdén por la normalidad institucionales. La Presidenta pudo haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias para que este se abocara a una atribución constitucional propia: lo concerniente a la deuda interior y exterior (artículo 75, inciso 7). Sin contar que corresponde al Congreso establecer y reglamentar "un banco federal" (denominación nada baladí debida a la reforma de 1994), con facultad para emitir moneda. Esto implica que al BCRA se le ha delegado la política monetaria (artículo 75, inciso 6), pero "el valor de esta debe darlo el Congreso", como ilustra la constitucionalista María A. Gelli. Fernández de Kirchner, en cambio, como ha sido constante desde 2003, a partir del sesgo desmesuradamente presidencialista impreso por su esposo, Néstor Kirchner, salteó -otra vez- al Congreso y echó mano de un decreto de necesidad y urgencia, con lo que reprodujo obstinadamente lo que había hecho cuando se fijó el esquema de retenciones a las exportaciones agrícolas por medio de una resolución administrativa.
Se va la segunda
Redrado, presidente del BCRA, se opuso a dar ejecución al decreto Nº 2.010/09 hasta que el Congreso no controlara dicho DNU, como exige la Constitución (artículo 99, inciso 3). Además, se ajustó estrictamente a la Carta Orgánica del BCRA, reformada en tiempos de la convertibilidad, que buscaba independizar la política monetaria de los cambiantes humores del Poder Ejecutivo, atándola sólo a la manda constitucional de defender el valor de la moneda.
Entonces, vino el decreto que dispuso la remoción de Redrado por supuesto incumplimiento de sus deberes, pero prescindiendo del insoslayable aconsejamiento de una comisión bicameral del Congreso, como prevé el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA dado que se trata de un funcionario que goza de estabilidad (durante su mandato de seis años) y que es designado con acuerdo del Senado para encabezar el banco federal.
Por supuesto que los kirchneristas -entre ellos, el senador tucumano Sergio Mansilla-, más preocupados quizás por mostrarse obedientes a la verticalidad que a la juridicidad, minimizaron el valor de la intervención de la bicameral -en la destitución del titular del BCRA- y esgrimieron que la opinión de aquella tiene un carácter no vinculante para el Ejecutivo. Olvidan que, como enseña Gelli, amén de que la apreciación de la buena o mala conducta del funcionario del BCRA contiene un grado de discrecionalidad, tal conclusión debe "apoyarse en hechos cuestionados y probados y, desde luego, garantizando el debido proceso legal, y el derecho a ser oído y a defenderse del impugnado". ¿Esto, acaso, se garantizó a Redrado?
Dando muestras de independencia, la jueza María José Sarmiento, por medio de sendas medidas cautelares, suspendió los efectos de los decretos que ordenaban la disposición de las reservas y la destitución de Redrado. En el primer caso, recordó con sensatez que la atribución del Ejecutivo de dictar un DNU está sujeta a que circunstancias excepcionales impidan la posibilidad funcional de que el Congreso sesione y agregó que la Presidenta pudo convocar a sesiones extraordinarias si consideraba que "un grave interés de orden o de progreso" lo requería (artículo 99, inciso 9 de la Constitución).
Pero la Presidenta encolumnó a la jueza en una imaginaria entente opositora-judicial-mediática, casi el mismo espejismo al que recurre el alperovichismo cuando una decisión de la Justicia le es adversa. Por eso no debe sorprender que Mansilla, en vez de haber aplaudido a la magistrada por su defensa tenaz del lugar del Congreso -que él integra- en la arquitectura institucional del país, haya avalado mansamente -sin espíritu federal- los DNU de la jefa de Estado. En esa línea, es casi lógico que Kirchner haya colocado a Alperovich, fiel reproductor local del andamiaje nacional, entre los posibles candidatos presidenciables para 2011. ¿Ahora se entiende por qué Chile está en la OCDE y la Argentina, sólo en la tapa de los principales diarios, debido a su falta de seriedad institucional?
El lunes, el día en que Chile ingresaba a la OCDE, el título del editorial del diario trasandino El Mercurio fue: "Problemas institucionales en la Argentina". Ni qué hablar de las observaciones de The New York Times sobre "la tendencia de la señora (Cristina Fernández de) Kirchner de intentar gobernar por decreto". Este elogio, debido a que la Presidenta, a partir de una decisión que fue aplaudida por el gobernador, José Alperovich, intentó mediante sendos decretos disponer de U$S 6.500 millones de reservas del Banco Central (BCRA) para cancelar parte de la deuda externa y destituir al titular del BCRA, Martín Redrado, por oponerse a la operación. Precisamente, esta proeza llevó al Financial Times a advertir que el BCRA "no sólo es la institución más creíble de Argentina", sino que "sus reservas son el ancla de la estabilidad económica de un país que es sinónimo de diseño caprichoso de políticas".
Lo preocupante es el desdén por la normalidad institucionales. La Presidenta pudo haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias para que este se abocara a una atribución constitucional propia: lo concerniente a la deuda interior y exterior (artículo 75, inciso 7). Sin contar que corresponde al Congreso establecer y reglamentar "un banco federal" (denominación nada baladí debida a la reforma de 1994), con facultad para emitir moneda. Esto implica que al BCRA se le ha delegado la política monetaria (artículo 75, inciso 6), pero "el valor de esta debe darlo el Congreso", como ilustra la constitucionalista María A. Gelli. Fernández de Kirchner, en cambio, como ha sido constante desde 2003, a partir del sesgo desmesuradamente presidencialista impreso por su esposo, Néstor Kirchner, salteó -otra vez- al Congreso y echó mano de un decreto de necesidad y urgencia, con lo que reprodujo obstinadamente lo que había hecho cuando se fijó el esquema de retenciones a las exportaciones agrícolas por medio de una resolución administrativa.
Se va la segunda
Redrado, presidente del BCRA, se opuso a dar ejecución al decreto Nº 2.010/09 hasta que el Congreso no controlara dicho DNU, como exige la Constitución (artículo 99, inciso 3). Además, se ajustó estrictamente a la Carta Orgánica del BCRA, reformada en tiempos de la convertibilidad, que buscaba independizar la política monetaria de los cambiantes humores del Poder Ejecutivo, atándola sólo a la manda constitucional de defender el valor de la moneda.
Entonces, vino el decreto que dispuso la remoción de Redrado por supuesto incumplimiento de sus deberes,
