El yuyo salvador

El Gobierno nacional estuvo acostumbrado a que nadie lo contradiga. Más allá del perfil de Martín Redrado, el Banco Central ha demostrado que tiene cierta autonomía para oponerse a decisiones que, al menos, requieren de un medular análisis jurídico. El poder político se sustenta en la concentración de la riqueza o, en otras palabras, en el manejo de la billetera. A la gestión de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le ha llegado la hora de administrar la cosa pública con estrechez financiera. Lo disimuló durante el año pasado con el uso de los fondos de las reestatizadas jubilaciones. Pero también se pidió prestada plata a otros organismos. Así, el ejercicio fiscal del año pasado fue un espejismo de un manejo fiscal austero. El gasto público crece en la misma proporción que lo hacen las preocupaciones para reunir la plata con el fin de pagarles a los acreedores.
Cristina Fernández de Kirchner regará este año la soja de tal modo que cambiará aquel concepto de que se trata de un yuyo. Tal vez lo sea, desde la concepción oficial, pero como esos que curan del empacho o del susto. Las retenciones a las exportaciones de la soja son más importantes que siempre para el Gobierno nacional. Y todos los estamentos públicos rezan para que este sea un buen año agropecuario y para que las proyecciones se cumplan.
El Gobierno nacional está pagando un alto precio por no haber abierto el juego democrático mucho antes de aquel fatídico 28 de junio de 2009, cuando perdió el control remoto del Congreso. Ahora que necesita la plata del campo, Cristina Kirchner tampoco ha dado señales de acercamiento con los sectores agropecuarios. Un sector de la Justicia, además, le resulta esquivo. Algunos analistas observan que los signos de debilidad que se evidencian en la gestión van a permitir que más sectores sean contestatarios con las políticas kirchneristas.
El Gobierno nacional sigue coparticipando los problemas a las provincias. Muchos gobernadores callan, pese a que han recibido $ 4.579 millones menos de lo presupuestado el año pasado por transferencias de fondos coparticipables. La sumisión de Tucumán le ha costado unos $ 189 millones (cerca de una planilla salarial mensual). El gobernador, José Alperovich, no obstante, sigue demostrando fidelidad kirchnerista. La plata llega por fuera del presupuesto; pero, ¿qué sucederá el día en que el Gobierno nacional decida cortar el grifo también a los leales? Esa es una pregunta que no se animan a contestar en la Casa de Gobierno. Al menos por ahora.
El silencio y las derivaciones del caso Redrado también le han costado tiempo a Alperovich. La Provincia aún no puede establecer si la Nación la asistirá para pagar a los acreedores durante el primer trimestre del año si es que no se habilita un anticipo financiero hasta tanto se firme el acuerdo fiscal. En esto cabe el mismo interrogante que se plantea a nivel nacional. Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios afirman que el Fondo del Bicentenario sirve para garantizar el pago de la deuda. Entonces, qué partidas contiene el Presupuesto Nacional 2010 para atender los vencimientos de la deuda pública. Trasladando el planteo a la esfera provincial, cómo es posible que el Poder Ejecutivo diga que la deuda pública es manejable porque representa sólo el 64% del total del presupuesto anual. Algo no cierra, porque desde hace ocho años Tucumán recurre a los planes de financiamiento ordenado para saldar el capital y los intereses del endeudamiento público. Es un tubo de oxígeno provisto por un distribuidor que también tiene el mismo diagnóstico: se le está acabando la plata.
Tal vez el tren de escape o el argumento oficial para contestar este interrogante es que ese presupuesto, que para este año prevé partidas por unos $ 7.100 millones, está previendo unos $ 500 millones de asistencia federal. Pero como va la cosa, ese dinero no está asegurado.
Frente a la política de la frazada corta, el Gobierno provincial ha decidido avanzar con el Pacto de obras para los municipios de la capital y del interior, pero atándolo al desenvolvimiento de la coparticipación de las retenciones. Se pagarán los salarios de los municipios, con lo que una parte del problema está solucionado: la paz social y la no conflictividad estatal. Pero la otra pata del financiamiento municipal está montada todavía en una endeble tarima. El pacto obras prevé un financiamiento anual de $ 183 millones para todo este año. Ese monto es $ 100 millones menos de lo previsto, que se recibirá a través del Fondo Fiduciario Federal, ese que surge de la coparticipación del 30% de las retenciones a la soja.
Nación, Provincia y municipios riegan constantemente a la soja. Es el yuyo que puede curarles los males de 2010 a las gestiones de gobierno que se acostumbraron a vivir en la opulencia y hoy, dadas las circunstancias, les cuesta vivir en la austeridad y adaptarse a los cambios de ciclos económicos.