En los últimos lustros proliferaron en el país los planes sociales como una forma de amortiguar el desempleo y la pobreza, y como una manera de que la clase política consiguiera votos porque su manejo fue confiado a dirigentes, funcionarios, partidos políticos, a movimientos de piqueteros o de desocupados. En diciembre pasado, a partir del movimiento que generó el programa "Argentina trabaja", nuestro diario efectuó un relevamiento para conocer los planes que rigen en Tucumán. De este surgió que más de 380.000 tucumanos reciben alguna ayuda del Estado, ya sea en forma de dinero (o similares, como la tarjeta de débito para adquirir alimentos), ya sea en forma de otros beneficios.
El plan "Argentina Trabaja" fue lanzado por la presidenta Cristina Fernández con el objetivo de crear 100.000 puestos de trabajo a través de la confirmación de cooperativas de trabajo. "Cada beneficiario cobrará con una tarjeta del Banco Nación para garantizar que el ingreso sea producto de la labor, alejado de cualquier clientelismo", dijo Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la Nación, cuando firmó el acuerdo con el gobernador provincial. El convenio firmado el 9 de noviembre pasado establece que Tucumán recibirá durante seis meses $ 20 millones mensuales, para destinarlos a 250 cooperativas de 60 personas cada una, aproximadamente. Los integrantes, estimados en 15.000, cobrarán $ 1.200 mensuales. Esta etapa del programa se desarrollará en los municipios del Gran San Miguel (capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena y Lules), con la posibilidad que se amplíe a otros.
El jueves, una mujer fue al Palacio de los Deportes a recibir su tarjeta de débito del programa "Argentina Trabaja". Cuando llegó su turno, los empleados del Banco de la Nación le dieron la tarjeta magnética. Luego hizo otra cola para obtener su clave personal, indispensable para operar con el plástico y retirar los $ 1.200 mensuales de su remuneración. Cuando regresó a su casa del barrio Costanera, en Banda del Río Salí, una puntera política le quitó la tarjeta y según su declaración, le dijo que al beneficio iba a cobrarlo ella y que si quería, le iba a tirar una moneda. La víctima efectuó la denuncia en la policía. Un edil justicialista de Las Talitas ya había advertido irregularidades en nuestra edición del jueves. Había afirmado que a un joven de su ciudad lo habían inscripto y le dijeron que sólo ganaría $ 400 mensuales de los $ 1.200 y agregó que, pese a que el programa exige no tener ingresos, habían designado cooperativistas a dueños de negocios o de remises. A partir de esta declaraciones del concejal, la Justicia Federal inició una investigación de oficio.
Al día siguiente, la Justicia local ordenó tres allanamientos que culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de armas de fuego y documentación referida a las cooperativas del plan social en cuestión. El mismo gobernador les ha pedido a los beneficiarios que denuncien este tipo de extorsiones.
Esta realidad que sale a la luz es la consecuencia de muchos años de clientelismo con que la clase política ha sometido a una buena parte de la población carente de trabajo y de todo tipo de recursos (educación, salud, cultura) para mantener su poder territorial, a cambio de votos. El refranero popular suele decir que el hilo siempre se corta por la parte más delgada. De modo que sería interesante saber para quiénes trabajan los punteros acusados. Si la Justicia quiere llegar hasta las últimas consecuencias debería investigar en profundidad para desmontar esta red perversa que tanto daño le hace a la sociedad. De esa manera, se podrán erradicar prácticas de una bajeza inconcebible que atentan contra la dignidad de nuestros comprovincianos.
