Una nueva crisis institucional se desató ayer cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado. Ante la resistencia de este , el Poder Ejecutivo amenazó con denunciarlo a la Justicia "por incumplimiento de los deberes de funcionario público". La jefa de Estado decidió desplazar a Redrado por su renuencia a liberar reservas monetarias para pagar la deuda externa, a través del denominado Fondo del Bicentenario.
La polémica entre el presidente del BCRA y el resto del Gobierno se originó a partir del decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso la utilización de 6.569 millones de dólares de los cerca de 17 mil millones de reservas de libre disponibilidad para la creación de un fondo (denominado del Bicentenario) destinado a cubrir los compromisos que la Argentina tiene en 2010.
Ese decreto también fue cuestionado por la oposición y por la provincia de San Luis, que hizo una presentación judicial para invalidarlo., En general, las objeciones se basan en que con la constitución de ese fondo se libera la partida del presupuesto, por idéntica cantidad de recursos, asignada al pago de deuda, la cual podría ser empleada en otros fines.
A través de sus voceros, Redrado, cuyo mandato de seis años vence en septiembre próximo, dijo que sólo el Congreso de la Nación puede destituirlo, por más que el Ejecutivo haya sido el que lo había propuesto al frente del instituto monetario.
La Carta Orgánica del BCRA prescribe que la solicitud del relevamiento de los miembros del directorio sólo podrá efectuarse cuando se registre un incumplimiento de las disposiciones contenidas en el texto fundacional. En el artículo 9º se determina: "Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo Nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior. La remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación. Esta será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación".
En el artículo 8º, se señala que la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estarán sujetas a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional. "El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación el ejercicio de sus facultades legales", señala.
El ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, antecesor de Redrado, dijo que la entidad no tiene por qué recibir instrucciones del Poder Ejecutivo y advirtió que el decreto de necesidad y urgencia que establece la creación del Fondo del Bicentenario, con reservas, viola la Carta Orgánica del BCRA.
Creemos que no se trata de respaldar a Redrado, sino de defender la autonomía e independencia del Banco Central que debe ser respetada porque así lo fija la Constitución. La entidad financiera federal, como sucede en otros países del mundo, no puede ser objeto de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno. La institucionalidad del país debe ser preservada, en consecuencia, a rajatabla.
