La burocracia los dejó sin tratamiento

Desde hace nueve meses más de 1.400 adictos a las drogas perdieron la posibilidad de realizar un tratamiento en una ONG, ya que no se renovó un convenio que había firmado la Secretaría de Prevención de las Adicciones con estas instituciones y que venció en noviembre pasado.
Gustavo Marangoni, director de la Fundación Cais, lamentó que no se haya renovado el acuerdo en virtud del cual se beneficiaba a aquellos adictos de bajos recursos, porque podían acceder a tratamientos ambulatorios o a hospitales de día.
Cuatro ONG participaban del convenio y, por medio de este, cada una atendía a unos 40 pacientes por mes. El acuerdo fue uno de los más importantes avances que concretó la secretaría que dirige Alfredo Miroli. En noviembre, la repartición se desvinculó de la atención de los adictos, que pasó a manos del Ministerio de Salud. Desde entonces, se estudia cómo se volverá a hacer el convenio, informó Marangoni. Además del Cais, participaban Ariadna, Inti Huasi y Volver.
Esta situación preocupa a los especialistas que trabajan en los juzgados de menores, ya que el 80% de los chicos que llegan allí tienen problemas con las drogas. "Antes se los derivaba a las ONG para que hicieran tratamiento. Ahora contamos sólo con los servicios de los hospitales Avellaneda y Padilla, que están repletos de pacientes. Cuando pedimos un turno, hay demoras de muchos días e incluso hasta un mes o más", expresó la psiquiatra María Eugenia Almaraz, que trabaja en los juzgados.
"Se trata de pacientes muy vulnerables, que necesitan sí o sí tratamiento. Aquí hacían terapia de más de 30 horas semanales", recalcó Marangoni. En cambio, en la consulta en el hospital público, los pacientes son atendidos entre dos y tres horas por semana.
Marangoni asumió desde la Fundación Cais el tratamiento de aquellos adictos que más lo necesitaban. En los otros casos, según comentó Almaraz, solamente los que tienen obra social pueden acceder a una terapia rápidamente. "Pero la mayoría no cuenta con el servicio. Es un gran problema que nos genera mucha impotencia. Es muy difícil que estos jóvenes puedan sostener un tratamiento. Necesitamos instituciones que los contengan", concluyó.
Consultado al respecto, el ministro de Salud de la Provincia, Pablo Yedlin, se excusó de hacer declaraciones, y se limitó a informar que el convenio se encuentra en trámite.