El tiempo de los jueces amigos

El final del debate legislativo por la sanción de la ley que crea el Consejo de la Magistratura (CM) dejó un tendal de heridos en el bloque "Tucumán crece". La inclusión, aunque muy acotada, de representantes de los abogados en la institución, asestó un golpe al plexo de los alperovichistas que denostaron con alma y vida en contra de la presencia de esos profesionales. Ellos querían que estuvieran lo más lejos posible de cualquier actividad relacionada con la preselección de los magistrados. José Alperovich, también.
Sin embargo, el gobernador revisó parcialmente su discurso belicista de casi seis años  en ese asunto y los desubicó. No es la primera vez que lo hace: a Francisco Sassi Colombres lo votaron para vocal de la Corte Suprema de Justicia, pero Néstor Kirchner lo vetó. Se arguyó, entonces, que ese pliego chocaba con la política de derechos humanos. Sin enfadarse, aprobaron luego, a libro cerrado, el pedido de acuerdo para Claudia Sbdar, en  2008,  en reeemplazo de Sassi Colombres. Así las cosas, no desairaron a Néstor.
El  viraje que ensayó Alperovich  en los últimos días no suscitó ninguna rebeldía pública, pero en la intimidad se escucharon rezongos.
Tiene el guiño de los Kirchner para ser uno de los presidenciables, se quejó uno de los más resentidos con la Casa de Gobierno. Asíse explicaba por qué Alperovich buscó quitarle espectacularidad al conflicto. El eventual ingreso del pleito con los colegios de abogados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano del relator especial de las Naciones Unidas, Leandro Despouy, pudo haber obrado como un elemento que refrigeró los ánimos más caldeados.

Nuevas objeciones
Otros alperovichistas, no menos desazonados, se consolaban sosteniendo que la re-reelección del gobernador y demás funcionarios electivos (legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales) sería destrabada finalmente por la Corte Suprema de Justicia. El fallo del juez federal cordobés Bustos Fierro que había habilitado la re-reelección de Carlos Menem en 1999 circula por algunos despachos y es objeto de estudio.
Pero, en unos y otros, prevaleció la incómoda sensación del desamparo. ¿Temen recorrer los tribunales y quedar sujetos al arbitrio de jueces que se declaren indómitos cuando haya cambiado el humor político? Sólo el curso del tiempo dilucidará este interrogante que agobia a más de un jerarca del bloque "Tucumán crece".
El gobernador prepara las valijas para tomarse unos días de licencia, tras la promulgación de la ley. La Presidenta no lo desprotege y le cuida las alforjas. Pero la polémica no decreció. El Colegio de Abogados de la capital le requiere que envíe un proyecto de ley para que modifique aspectos que objeta.  La decisión de publicar la ley en el Boletín Oficial del martes obstruye el camino.  El legislador radical José Cano, no obstante, insistirá -mediante un proyecto de ley-  con que se le dé un espacio a la Universidad Nacional de Tucumán en el CM. La propuesta, en realidad, recoge una promesa que hizo el propio Alperovich, que luego descartó.

Manos libres
Del análisis de la ley que efectuó el colegio presidido por Eudoro Aráoz, se desprende que la discrecionalidad con que el gobernador intervendrá en la elección de  los jueces, condicionará la independencia del Poder Judicial.
Al facultarlo a que proponga jueces sin respetar el orden de méritos del concurso, Alperovich quedará con las manos libres para hacer lo que mejor le parezca. La inmensa mayoría oficialista en la Cámara le garantiza el cierre del proceso. "El monopolio de la clase política en el proceso de selección y remoción de los jueces", es lo que mejor sintetiza el núcleo del documento de los abogados.
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que funcionó entre 1992 y diciembre de 2003, había autolimitado la injerencia de los políticos en la composición de los cuadros de la judicatura. Los legisladores del oficialismo no extrañaron  su disolución y se sintieron más seguros con el sistema que rigió entre diciembre de 2003 y la Constitución de 2006.
Durante ese lapso, los poderes políticos designaron fiscales y jueces con absoluta libertad, como en la etapa que concluyó bruscamente con la intervención federal a Tucumán en enero de 1991. La politización imperante en la Justicia de aquellos tiempos atentó gravemente contra su credibilidad.

Mirando hacia 2011
Los avatares legislativos no afectaron los arreglos políticos internos en el oficialismo. Al partir Sergio Mansilla al Senado en diciembre, Regino Amado le sucederá en la presidencia subrogante de la Legislatura. La continuidad de la sintonía con la Casa de Gobierno se mantendrá invariable. De ahora en adelante empezarán a vigorizarse los movimientos por el control de los territorios y por la sucesión en los puestos claves del poder.
 Donde ese fenómeno se constata con mayor intensidad es en el peronismo concentrado en el PJ. Los peronistas disidentes están dispersos tras la desaparición pública de Fernando Juri. El ex vicegobernador no dio indicios de una reinserción inmediata.
Es vox populi que las relaciones entre Alperovich y el intendente de la capital Domingo Amaya no están nada bien. Interfieren, entre otras cosas, la presunta postulación de Amaya a la gobernación y el resultado del 28 de junio. En derredor de esa hipótesis se nuclean dirigentes de antigua trayectoria peronista que otean los signos de los tiempos y preservan el nombre del posible número dos del intendente. Hablan de un magistrado federal aún en actividad.
Quienes creen que Amaya se debilitó, refieren que la liga de intendentes bonaerenses cayó en desgracia ante Néstor, a raíz del revés electoral de este en las tierras de Daniel Scioli. Todos estos rumores revelan que la lucha interna se recalienta gradualmente. Amaya, sin embargo, atrapa las simpatías de núcleos peronistas distanciados de la Casa de Gobierno.
 La cercanía de los tiempos políticos activó también las denuncias en contra de los actos administrativos de la municipalidad. Los ediles José Luis Avignone (UCR) y Claudio Viña (FR) hicieron punta en la ofensiva contra los superpoderes demandados por el intendente.
La estructura oficial del PJ entró a tallar. El ministro político Edmundo Jiménez -secretario general- lidera esa movida porque el diagnóstico de la situación exige un mayor protagonismo del aparato.