Las armas desaparecidas de la Policía estarían en Buenos Aires

La fiscala recibió un informe privado e intenta por todos los medios comprobarlo. Según la versión que maneja la Justicia, algunas de las armas que desaparecieron de la Regional Norte fueron secuestradas en Buenos Aires de manos de una megabanda de asaltantes de bancos y camiones de caudales. De confirmarse esto, la situación de los hombres que estaban a cargo de la custodia del armamento se complicará mucho más.
El subjefe de Policía, Nicolás Barrera, le informó a LA GACETA la semana pasada que la desaparición de las armas se había descubierto a raíz de una auditoría que, en todas las regionales, había ordenado el Departamento Logística. En la armería de la Regional Norte, ubicada en Tafí Viejo, notaron el faltante de dos escopetas calibre 12/70 (según el informe no estaban operativas), un fusil automático liviano (FAL), calibre 7,65, y cinco pistolas ametralladoras PEA, calibre 9mm.   Por orden directa del ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, el suceso derivó en la separación del cargo de los dos jefes de la Regional, el comisario general Julio López, quien pasó a dirigir el Departamento Judicial (D5) y el comisario mayor Jorge Racedo, nombrado subdirector de Patrulla Urbana. También se ordenó el traslado del subcomisario Manuel Véliz y del armero Carlos Juárez. Estos dos últimos son los que están en el centro de la investigación, tanto administrativa como penal. La fiscala IX de Instrucción María de las Mercedes Carrizo decidió no llamarlos a declarar aún, teniendo en cuenta que no le han respondido algunos de los informes que ella pidió. Pero esto no significa que la causa esté paralizada.
Carrizo ya sabe que la cerradura de la oficina en la que estaban las armas no fue forzada. Los únicos que tenían llave (una sola) eran Véliz y Juárez. Si bien en un principio se creyó que las armas habían desaparecido hace mucho tiempo -inclusive años-, sobre la base de las pistas que analiza la fiscala, se sospecha que hasta mediados de junio estaban en su lugar.
Se sospecha que quien las sacó (si esto fue así, ya que en la Policía aún creen que pueden estar en otra dependencia y que todo se trató de un error administrativo) se las entregó a delincuentes y rápidamente llegaron a Buenos Aires. Incluso a la fiscala le contaron que en realidad la auditoría se inició cuando desde Capital Federal les comunicaron que esas armas habían sido secuestradas, partiendo de la base de los números de serie, registrados a favor de la Policía de la provincia.
Pero como esto aún no se pudo confirmar, Carrizo le envió un pedido de informes al Registro Nacional y al Registro Provincial de Armas. Barrera fue contundente: "no vamos a ocultar nada ni a proteger a nadie. La Justicia determinará si se cometió un delito; la Justicia y nosotros actuaremos administrativamente".