"En el paroxismo de la brutalidad antirrepublicana (los legisladores) han sancionado con fuerza de ley la norma que lleva el número 7.204, que avasalla y subvierte el sistema democrático declarado en el Preámbulo de la Constitución". De esta forma, el diputado nacional José Ricardo Falú justificó su proyecto de ley para reclamar ante el Congreso la intervención de la Legislatura de Tucumán.
En la iniciativa, Falú indicó que el Poder Ejecutivo Nacional designará al interventor federal legislativo, indicando el tiempo de función para asegurar la pronta normalización del Poder Legislativo.
En los fundamentos, el diputado nacional sostuvo que la ley sancionada -y luego promulgada con el número 7.204-, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales, es inconstitucional.
"Lejos de emitir una norma de carácter general se produjo una ley con un fin individual", apuntó. Entre otras cosas, Falú remarcó que las calles de la capital han sido invadidas por personas que repudian a la Cámara y al Poder Ejecutivo, y que se solidarizaron con el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez.
Reclamo doloroso
Tras apuntar que le resulta doloroso solicitar la intervención federal parcial para la Provincia, recordó los hechos que se investigan y que involucran a los legisladores y a funcionarios del PE. Mencionó la investigación de los gastos de bloque, el trámite trunco contra el legislador Sebastián Orellana por su paso frente a la intendencia de Famaillá, el manejo irregular de la publicidad oficial, los bonos mellizos de $20, la supuesta compra de voluntades para aprobar la reforma de la Constitución y la sanción de la ley 7.204.
Falú indicó que la ley fundamental tiene previsto los modos y medios por los cuales pueden remediarse los abusos y desvíos de los miembros del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Poder Judicial. "Pero, en casos como el presente, en el que la mayoría de los legisladores son los que se vienen manifestando de tamaña manera, y no existiendo otro remedio en el ámbito provincial para hacer cesar este obrar ilegítimo, se impone la intervención federal que vengo a solicitar", señaló.
En manos del Congreso
"Algunos hechos me indicarían que el PE podría ser alcanzado por la intervención, pero la situación de emergencia que vive el país me indica que es prudente dejar en manos del Congreso esa alternativa", señaló.
En la iniciativa, Falú indicó que el Poder Ejecutivo Nacional designará al interventor federal legislativo, indicando el tiempo de función para asegurar la pronta normalización del Poder Legislativo.
En los fundamentos, el diputado nacional sostuvo que la ley sancionada -y luego promulgada con el número 7.204-, que modifica la Ley Orgánica de Tribunales, es inconstitucional.
"Lejos de emitir una norma de carácter general se produjo una ley con un fin individual", apuntó. Entre otras cosas, Falú remarcó que las calles de la capital han sido invadidas por personas que repudian a la Cámara y al Poder Ejecutivo, y que se solidarizaron con el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez.
Reclamo doloroso
Tras apuntar que le resulta doloroso solicitar la intervención federal parcial para la Provincia, recordó los hechos que se investigan y que involucran a los legisladores y a funcionarios del PE. Mencionó la investigación de los gastos de bloque, el trámite trunco contra el legislador Sebastián Orellana por su paso frente a la intendencia de Famaillá, el manejo irregular de la publicidad oficial, los bonos mellizos de $20, la supuesta compra de voluntades para aprobar la reforma de la Constitución y la sanción de la ley 7.204.
Falú indicó que la ley fundamental tiene previsto los modos y medios por los cuales pueden remediarse los abusos y desvíos de los miembros del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Poder Judicial. "Pero, en casos como el presente, en el que la mayoría de los legisladores son los que se vienen manifestando de tamaña manera, y no existiendo otro remedio en el ámbito provincial para hacer cesar este obrar ilegítimo, se impone la intervención federal que vengo a solicitar", señaló.
En manos del Congreso
"Algunos hechos me indicarían que el PE podría ser alcanzado por la intervención, pero la situación de emergencia que vive el país me indica que es prudente dejar en manos del Congreso esa alternativa", señaló.
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