El responsable de la llave será imputado

Mientras la Policía avanza con el sumario administrativo para deslindar responsabilidades por el faltante de armas de fuego de la sede de la Regional Norte, la fiscala María de las Mercedes Carrizo analiza la causa. Sobre los datos que ya posee habría tomado la determinación, en principio, de imputar al responsable de la oficina en la que se descubrió el faltante, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; aunque luego podrían sumarse otras acusaciones. El jefe y el subjefe de Policía, comisarios generales Hugo Sánchez y Nicolás Barrera ya dispusieron que el subcomisario Manuel Véliz, quien era el jefe de Infantería de la Regional Norte, pase a otro destino. Véliz era el único que tenía llave de esa oficina.
El 11 de julio, pocas horas después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitara la provincia, terminó la auditoría que había comenzado unos días antes. Las autoridades del área de seguridad habían solicitado informes a las cinco unidades regionales de la provincia acerca del armamento que cada una poseía y su estado de conservación. Mientras en las unidades Este, Capital, Sur y Oeste no se detectaron anomalías, en la Norte se descubrió que faltaban armas.
En la edición de ayer de LA GACETA se informó que eran cinco las armas que no estaban. Pero el dato era erróneo. En realidad habían desaparecido ocho armas: cinco pistolas ametralladoras PA3 calibre 9mm, un fusil automático liviano (Fal) calibre 7.65, todas con sus respectivos cargadores, y dos escopetas calibre 12/70, una marca Valtro y otra Magnum, aunque sin proyectiles.
Los auditores tampoco encontraron documentación que avale el destino dado a las mismas. Cuando esto se supo, el mismo Véliz se lo comunicó a los jefes de la regional, el comisario general Julio López y el comisario mayor Jorge Racedo, quienes en el acto ordenaron el inicio del sumario administrativo y le comunicaron a la fiscala lo sucedido.

Sin repuestos
Aunque no lo pueden asegurar, los policías creen que las armas desaparecieron hace varios años. Tras el descubrimiento se verificó que la cerradura de la oficina de armas no había sido forzada. Tanto las PA 3 como el FAL estaban en un cajón en el piso. Las dos escopetas, según el informe oficial, no estaban operativas, ya que no se conseguían repuestos para arreglarlas. Si bien el resto de las armas estaba en buenas condiciones, la Policía no las utilizaba. Las ametralladoras fueron adquiridas en el período 1975-1977 y el FAL en 1998.
El comisario Barrera afirmó que desde hacía años que no se hacía una auditoría en Logística. "Nosotros comenzamos con la informatización de la sección Secuestros Judiciales, seguimos con la División Antecedentes Policiales y con las de las comisarías y las otras dependencias. Era la hora de Logística. Sabíamos que esto podía llegar a pasar, pero no podíamos dejar de investigar", indicó el funcionario. Barrera añadió que tanto la Policía como la Justicia deben hallar un responsable y se mostró esperanzado en que las armas aparezcan en alguna otra oficina.
Toda la investigación interna, en la cual se están tomando declaraciones a casi todo el personal de la Regional Norte, será enviada a la fiscala Carrizo, quien además solicitará que se le envíen todos los libros de registros.
Según trascendió, aunque no fue confirmado oficialmente, en la Regional Norte también se detectó el faltante de varios teléfonos celulares, de handies, de chalecos antibalas y hasta de una moto, aunque no se descarta que esta última esté en algún taller particular. Esta situación puede derivar en el pase a disponibilidad de varios miembros de la fuerza.