Unirse ante un enemigo común

La actual crisis de los partidos políticos se ha agravado debido al adelantamiento de las elecciones, que cambia totalmente las reglas del juego.
Las necesidad de resolver sobre las candidaturas mediante acuerdos con otras fuerzas o dentro de las propias agrupaciones, ha llevado a los partidos a prescindir de toda posibilidad de elecciones internas y a que las postulaciones sean fruto de convenios donde las fuerzas se miden incluso por resultados de encuestas (es el caso de Felipe Solá y de Francisco de Narváez, en Buenos Aires).
En medio de esta situación, ningún partido puede hacer otra cosa que negociar frente a un adversario común que dispone de todos los recursos del Estado y que no oculta su utilización en beneficio personal.
En consecuencia, hoy la lucha electoral se basa, según el Gobierno nacional, en la aceptación o en el rechazo de un “modelo” que no define con precisión, y que nadie conoce. A no ser que tal “modelo” comprenda el ejercicio de poderes extraordinarios que llegan a la suma del poder público; que se ha puesto de manifiesto en el apoderamiento de los fondos previsionales para sufragar los gastos de campaña.
Una prueba cercana la constituye el reciente viaje de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a Tucumán para anunciar beneficios, no muy definidos, pero con un evidente propósito de proselitismo que implicó el armado de un costoso escenario.
De ahí que la crisis de los partidos no es la causa sino el efecto de una corrupción institucional derivada del apartamiento manifiesto de las normas constitucionales.