Como informamos, hace pocos días se reunieron en un encuentro regional organizado por el Consejo Nacional de Drogas representantes de las secretarías de Prevención de las Adicciones de las provincias del Noroeste, incluida por cierto la de Tucumán. Elaboraron, al término de sus deliberaciones, un informe cuya conclusión central no puede sino suscitar comprensible inquietud: se concluye que el consumo de drogas en el Noroeste Argentino registró un incremento del 20 %, nada menos, en el último año.
Se proponen elevar a fin de mes el citado documento al Gobierno nacional y solicitarle que destine mayor cantidad de recursos a fines de poder garantizar un tratamiento adecuado para los adictos. Esto porque en la actualidad, en la mayoría de las provincias de la región, los fondos para la prevención y asistencia de las adicciones provienen casi en su totalidad de los gobiernos locales. Los centros destinados a esta tarea están desbordados mientras, afuera, el consumo no hace sino aumentar.
En la información que publicamos al respecto se consigna que la secretaría respectiva de Tucumán considera un logro de la reunión el pedido de que las autoridades del Consejo Nacional de Drogas tengan mandatos más extensos, de modo que puedan llevar a cabo sus planes preventivos sin interrupciones. Además, Tucumán formuló una propuesta para reglamentar los criterios de atención y de diagnóstico de pacientes adictos. Esto, manifestó el secretario, para evitar la avalancha actual de pedidos de internación, que no en todos los casos es necesaria. También se solicitó un aumento de presupuesto para la Secretaría de Programas para la Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, de la órbita nacional, incremento que sea coparticipable a las secretarías del ramo en las provincias del interior.
Cabe apuntar que las autoridades reunidas en Salta expresaron asimismo su postura contraria a la posibilidad de despenalizar el consumo de droga, alternativa que, como se sabe, tiene a estudio el Gobierno Nacional. Entienden que, si ahora que está prohibido el uso de esas sustancias, encontramos que cada vez son mayores los adictos, la realidad se convertirá en mucho más complicada si se implanta la libertad de consumo.
En suma, la reunión de Salta ha tocado temas de destacada importancia dentro de una problemática cuya estricta actualidad nadie podría discutir. Debe subrayarse especialmente el pedido de aumentar los recursos para la lucha contra el flagelo. Parece sobreabundante decir que toda acción que se intente, por bien encaminada que sea, para adquirir real eficacia debe ser motorizada por inversiones significativas de fondos públicos. Las medidas preventivas, en el amplio arco que va desde la prevención policial hasta el tratamiento adecuado para los adictos, reclama presupuestos de envergadura, que por cierto las provincias no están en condiciones de proveer. Más allá de las circunstancias económicas del país, que no son nada favorables, este es uno de los casos donde los recursos deben disponerse, por encima del sacrificio que ello pueda implicar.
Como lo puntualizamos cada una de las frecuentes veces en que este comentario toca el tema de las adicciones, es preciso insistir en el rol clave que los padres de familia juegan en la detección y prevención del problema. Una adecuada comunicación en el hogar, y una actitud vigilante y despierta de los progenitores, pueden contribuir poderosamente a evitar que sus hijos sean víctimas de esta terrible plaga contemporánea.
