Informamos en su momento acerca de los incidentes registrados el miércoles último en las dependencias judiciales de avenida Sarmiento quinta cuadra. Un grupo de manifestantes se había congregado frente al edificio donde funcionan las fiscalías penales, para reclamar medidas duras por la reciente muerte del joven baleado al salir de una fiesta. De pronto, algunas personas arremetieron a puntapiés contra las puertas de acceso, que se encontraban cerradas. Lograron romper una de ellas, y por ese espacio lanzaron petardos y bombas de estruendo al interior del local. Esto derivó en daños materiales, a la vez que creó lógica zozobra entre el personal de funcionarios y empleados que allí se encontraban. Actualmente, se sustancia una causa para esclarecer lo ocurrido y las autorías correspondientes.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, en breves declaraciones a la prensa, se mostró preocupado por los hechos que se reseñan. Puntualizó la necesidad de que "exista un respeto por la Justicia". Le asiste, de más está decirlo, sobrada razón.
Puede comprenderse sin esfuerzo la indignación de los familiares de una víctima cuya vida queda tronchada en plena juventud, a raíz de un incidente nocturno cuyas características se procura esclarecer.
Es igualmente comprensible que tal sensación se exprese de modo público, y aun en forma vehemente. Lo que no es posible admitir, es que esa vehemencia de pronto pase a descargarse de manera violenta y agresiva, con la fractura de instalaciones y el caos consiguiente, por un largo rato, en el local del Poder Judicial.
Parece ocioso recordar que, de los tres poderes del Estado democrático, el Judicial constituye una pieza clave. El doctor Joaquín V. González, uno de los más célebres publicistas argentinos, sostuvo que "ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su Justicia".
La delicada y especial naturaleza de la función judicial, para ejercerse como corresponde necesita, entre otros requisitos, un clima de calma y de tranquilidad. Es el que le permitirá, por medio de un estudio detenido del caso y de la ley aplicable, adoptar las medidas que corresponden, en las diversas instancias.
Esas medidas no pueden surgir de la presión de ninguna de las partes, ni estas pueden arrogarse el derecho de intentar forzarlas, por ningún método y mucho menos por los violentos. Si se admitiera otra cosa, quedaría desnaturalizada la esencia de la tarea de administrar justicia, con gravísimo daño para los intereses bien entendidos de la comunidad.
Durante su atribulada presidencia, el doctor Nicolás Avellaneda mantuvo un célebre diálogo, en 1877, con la multitud congregada en la Plaza de Mayo. Los actos oficiales "no se elaboran aquí, sino que se elaboran allí", dijo señalando los despachos. Esto, porque "no son conspiraciones", y porque "el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo, ni en presencia de las reuniones del pueblo". Esto puede aplicarse sin esfuerzo a las medidas y decisiones de la Justicia. No sería sano ni justo que ellas surjan a causa de que un grupo de personas manifiesta frente a la sede, profiriendo gritos y rompiendo puertas.
Debemos respetar unánimemente las instituciones republicanas, y no perturbar la tarea de quienes administran justicia.
No se recuerdan precedentes de un caso como el que nos ocupa. Sería de desear que desbordes de esa índole no vuelvan a reiterarse y que, por el contrario, la ciudadanía sepa demostrar, con sus actos, que confía en el Poder Judicial y que acata lo que el mismo resuelve.
