Kirchner vigila

La recuperación de la calidad de la política y de la credibilidad en las instituciones son materias pendientes en la vida pública de la nación política. El avance del año electoral ha puesto en el candelero esas agudas carencias de la democracia restaurada en 1983. De distintas maneras impacta en la vida cotidiana de los tucumanos.
La confianza en el Poder Judicial ha entrado en crisis a causa de diversos episodios. Por uno de ellos se produjeron tumultos que derivaron en la rotura de puertas de la sede penal de Tribunales. Desde luego, es absolutamente inaceptable que se  presione con violencia para que una causa avance en la órbita judicial. Pero las sospechas fueron tan fuertes que la Corte Suprema de Justicia decidió auditar la actuación del fiscal de la VII nominación, Arnaldo Suasnábar, en el asesinato de Roberto Cabrera. Había sido acusado por la familia de este de actuar con supuesta parcialidad en la tramitación de la causa.
Según la Real Academia Española, auditar es examinar la gestión administrativa de una institución para comprobar si se ajustó a lo establecido por la ley. De la revisión surgirá si Suasnábar favoreció o no al menor sospechado de haber matado a Cabrera. La jueza Nora Wexler remitió al menor al Instituto Roca, mientras se decidió no dejar impune la conducta de quienes causaron destrozos al edificio. Ningún flanco se descuidó entonces.
Rápida de reflejos, la Corte, con Antonio Gandur a la cabeza, y con la jueza Wexler, disiparon la densa atmósfera que rodeaba al asunto. No obstante, la lupa de la sociedad sigue focalizada sobre Tribunales por otras cuestiones vitales para la comunidad, como es la de la independencia del poder frente a la Casa de Gobierno y los legisladores. La Constitución de 2006 le recortó su margen de acción, al no concederle aptitud para fijar su propio presupuesto, y atarlo de pies y manos a la discrecionalidad del gobernador José Alperovich.

La dependencia confirmada
Menos estridente, pero de extrema gravedad, fue la polémica por las dietas legislativas. Las marchas y contramarchas del vicegobernador Juan Manzur en torno del problema confirmaron que el poder que debiera controlar a Alperovich, se mueve en la dirección deseada por este, quien obligó a Manzur a deshacer lo que había hecho, pese a que conocía de antemano la resolución del copiloto. En el universo oficialista es imposible que una mosca vuele sin que lo  ignore Alperovich.
Tímidamente, Sergio Mansilla -segundo en la línea de sucesión de Alperovich- admitió que debía mejorarse la comunicación institucional. Pero por fuera del palacio legislativo, pululan las versiones sobre montos manejados por legisladores que oscilarían entre $ 50.000 y $ 150.000, según el grado de proximidad al oficialismo.
El recorte de fondos, por  efecto de la crisis, habría alcanzado también a esas cifras. Sin transparencia informativa, crece la sospecha popular. La dieta de $ 7.500 no era irrazonable, pero el descreimiento social apunta a otra cosa. Otra vez se vuelve a hablar de la famosa partida 012 (bienes y servicios no personales) como fuente de financiamiento subterráneo de la acción política.
Los legisladores oficialistas, con todo, no pueden pelearse con Alperovich porque comparten el mismo barco. Sin reelección del gobernador, tampoco la habrá para ellos. Uno y otros están obligados a operar en la misma dirección.
La elección de octubre se cuela en el medio. Es difícil que Alperovich pueda desligarse de la sombra tutelar de Néstor Kirchner, cuya postulación para el bienio 2009-2011 es pública en las calles de Tucumán. El PJ bonaerense clama porque ocupe una banca de diputados para los comicios de octubre.

Autonomía recortada
Y el gobernador, después de haber obtenido de Cristina Fernández de Kirchner la promesa de recibir $ 365 millones para pagar vencimientos de la deuda pública provincial, tendrá menos autonomía de vuelo en materia electoral. Su suerte está asociada a la del matrimonio presidencial, que no perdonará gestos levantiscos, al estilo de Carlos Reutemann o de Felipe Solá.  
Cuando se cavila sobre esta faceta de la estrategia alperovichista, inmediatamente emerge la incógnita Stella Maris Córdoba, la diputada de rancio cuño kirchnerista que pretende seguir en carrera. A esta, el oficialismo no la puede ignorar por sus conexiones con la Casa Rosada, pese a que la rechaza vivamente. Al mismo tiempo, la diputada Beatriz Rojkés articula alianzas con concejales del interior, con un proyecto de mayor alcance que la elección de senadores de octubre. Ella es la única candidata inamovible, según su esposo.
El test electoral de octubre, para el que el oficialismo se prepara con empeño, definirá el rumbo que seguirá la política en Tucumán y en la nación. Sin una oposición vigorizada, la expectativa de alternancia en el poder se volverá una utopía. Después de un eventual éxito oficialista en octubre, la puerta para la reforma de la Constitución de 2006 estará abierta, y con ella, la reelección indefinida pasará de la conjetura a la acción concreta.
Quienes aspiran a ponerle candado a esa puerta aún no sellaron ningún entendimiento. El ex candidato presidencial Ricardo López Murphy mantuvo diferentes reuniones con políticos y empresarios, con la idea clave de restarle votos al kirchnerismo en Tucumán. Entre los primeros figuraron Esteban Jerez, Ariel García, José Ricardo Falú y José Ignacio García Hamilton. Muy cerca de López Murphy se movió el ex diputado Alfredo Neme Scheij, en su debut como referente de Corriente de Convergencia Federal (CONFE). López Murphy piensa que existe una situación de vacío institucional en Tucumán, agudizada por los ataques a la Justicia.
La actitud de Jerez sorprendió a sus socios del Proyecto Tucumán, Raúl Topa, José Costanzo y Ernesto Padilla, quienes están más cerca del ex vicegobernador Fernando Juri, que de la coalición donde apareció Jerez. Coinciden, no obstante, en el rechazo a la reforma constitucional y en la necesidad de mejorar la calidad de las instituciones. Los discursos no fructifican en acuerdos mayores.