Publicidad de los actos de gobierno

De acuerdo con lo que enseña la ciencia política, una república democrática moderna debe reunir una serie de requisitos. Los tratadistas coinciden generalmente en la enumeración de tales requisitos: la existencia de una Constitución, la división de poderes, el principio de la soberanía popular, el imperio del Derecho, las garantías de la libertad personal, la igualdad ante la ley, el régimen representativo, el régimen de partidos, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad en la función pública y la publicidad de los actos de gobierno.
El último enumerado tiene enorme importancia y su necesidad pareciera obvia de explicar. Que los actos del poder público se difundan, otorga transparencia a la actividad del Estado. Permite a todo ciudadano que ejerza su derecho de conocer a fondo las disposiciones que toma el Gobierno, ya que todas ellas, de alguna manera, vienen a afectar aspectos de su vida. Publicitar con amplitud las medidas oficiales significa, en última instancia, que los responsables de la cosa pública no tienen nada que ocultar.
La exigencia de este requisito, de tan antigua data, ya aparece en los comienzos mismos de nuestra vida autónoma. Nos han enseñado, desde la escuela, que aquel memorable 25 de mayo de 1810, en el momento en que los capitulares y jefes militares deliberaban a puertas cerradas sobre el planteo de destitución del virrey, un grupo de patriotas se introdujo en los pasillos del Cabildo y empezó a dar golpes a la puerta, porque "querían saber de qué se trataba". De esa manera se planteaba por primera vez, en la historia nacional, el requerimiento del pueblo de estar informado acerca de lo que resuelven sus autoridades.
Hace tres meses, en la Legislatura se dispuso un aumento en la dieta de sus 49 integrantes. La medida no se dio a conocer en ese momento al público. Este se enteró de su existencia, solamente cuando nuestra edición del martes último informó a su respecto. Como es conocido, ni bien realizada tal publicación, el presidente de la Legislatura decidió dejar sin efecto el incremento, decisión que justificó en la necesidad de acompañar al Poder Ejecutivo en las políticas de ajuste que encara. Hay que agregar que, cuando se publicó la noticia, el gobernador dijo a la prensa que no tenía conocimiento del asunto.No se trata de hacer consideraciones sobre la conveniencia o no de la suba de las dietas; esto, por encima de los argumentos que se podrían arrimar acerca de los requisitos de austeridad en las retribuciones, que bien parece marcar la época de crisis en la que estamos inmersos. Tampoco puede discutirse la legalidad de la medida que nos ocupa, si se tiene en cuenta que, entre las atribuciones indiscutibles del Poder Legislativo, se halla la referida al manejo de su propio y bien voluminoso presupuesto.
Lo que sí debe entenderse como perjudicial para una sana práctica de la democracia, es que la decisión se haya tomado -y haya sido operativa- en silencio, cuando, en realidad, debió haberse informado de la misma, en su momento, a la comunidad. Como lo decimos arriba, toda determinación del Estado repercute, de la más amplia manera, en los ciudadanos. Es lo que otorga mayor fuerza a su derecho de enterarse de las decisiones en el momento en que se toman, y no con posterioridad, cuando constituyen ya un hecho consumado.
Sería deseable que el Estado, en adelante, preste especial atención a la necesidad de observar, a todo trance, el requerimiento de publicidad de sus actos. Con ello cooperará, indudablemente, al fortalecimiento de esa democracia en la cual nos enorgullecemos de vivir.