Palabras austeras; acciones inoportunas
El incremento de las dietas legislativas choca con los anuncios de Alperovich de ahorrar para afrontar la crisis. La ingenuidad no es un atributo político. Por Marcelo Aguaysol - Redacción LA GACETA.
La austeridad no es sinónimo de poder, como tampoco la ingenuidad es un atributo del gobernante. Más aún de aquel que pregona que tiene todo bajo control. Es difícil pensar que al gobernador José Alperovich se le haya escapado la tortuga y que los legisladores, de buenas a primeras, hayan decidido incrementarse la dieta sin consultar a la Casa de Gobierno. En verdad, el aumento a los parlamentarios se había decidido fuera de la sede del Poder Ejecutivo, en la misma residencia del mandatario. Fue cuando se conoció a los nuevos integrantes de la Cámara que preside Juan Manzur. Asado de por medio, los parlamentarios oficialistas habían tirado en la mesa su planteo salarial allá en octubre del año pasado.
El silencio de los legisladores ha llevado a que la información trascienda en un momento crítico para la economía, en general, y para las finanzas públicas, en particular. Hoy, en las oficinas legislativas reina el silencio de aquellos que, según señalan los que conocen ese poder, aún preservan los benditos códigos políticos. Con la reprimenda de Alperovich a Manzur, lejos quedará la idea de cobrar, primero, una dieta equivalente con el sueldo de un secretario de Estado, y más distante aún la intención de equipararla con el salario de un ministro.
La filosofía oriental dice que la crisis no sólo trae problemas, sino también oportunidades. En el caso de los legisladores, el problema fue la oportunidad en que se difundió el aumento de la dieta, justo cuando los gremios presionan por un reajuste. No está mal que un legislador quiera cobrar de acuerdo con el cargo que ocupa, como tampoco que los gremios reclamen al Estado incrementos salariales para mejorar el poder adquisitivo del salario estatal. Lo que no está bien visto es que esos planteos se manifiesten en un momento de crisis mundial.
Si hay ahorro, el esfuerzo debería ser compartido. Hacia fines de noviembre, el propio gobernador se embarcó en un recorte de gastos para que la debacle no sea tan profunda en Tucumán. Este año reafirmó esa política con un ajuste estimado en $ 100 millones para las erogaciones ministeriales. Cuentan que por los pasillos de la sede del Ejecutivo transitan funcionarios con caras largas porque no le autorizaron compras de vehículos y de equipamiento.
"No hay plata", contestó ayer el gobernador cuando la prensa le consultó sobre el pedido docente de aumento salarial. En las filas sindicales aún se mastica bronca porque, según afirman, no hay dinero para unos, pero sí para otros.
En la Casa Rosada, Alperovich aún tiene el grifo abierto. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó ayer la entrega, en remesas, de $ 360 millones para que Tucumán pague a sus acreedores este año. Esa operatoria no es más que una extensión en los vencimientos: el principal acreedor de la Provincia es la Nación.
La estrategia financiera oficial puede permitir terminar un año difícil sin grandes contratiempos, pero hasta que no haya un sinceramiento en las conductas políticas, la gestión cargará con una materia pendiente: el sinceramiento de las cuentas públicas y un informe periódico sobre cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.







