Cuidado con lo que se filtra debajo de la mesa

Más que por medio de un sistema armónico, el tejido institucional de la Provincia pareciera discurrir alegremente -tristemente más bien- a través de un aglomerado cuyas partes o planos, en ocasiones, se superponen. La prueba es que, sin muchas expectativas, el oficialismo ha iniciado conversaciones formales con los representantes de los colegios de abogados para allanar una salida al problema de las vacantes en la Justicia. No obstante, el Gobierno tendría verdaderamente cifradas sus esperanzas en algún tipo de guiño o salvoconducto de la Corte Suprema que, al mismo tiempo que le permitiera salir rápidamente del brete, no lo obligara a resignar en el mediano plazo de su ambición de concretar una nueva reforma de la Constitución. En pocas palabras, esto implicaría diseñar un mecanismo que permitiera la selección de jueces provisorios o subrogantes -por ejemplo, por un plazo no superior a los dos años-, difiriendo así, sine díe, la urticante cuestión de la composición del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
Nada impide que el CAM sea integrado por medio de una ley. Por el contrario, esto acabaría con el ya inveterado conflicto y posibilitaría que el órgano constituido avanzara directamente con la selección de los jueces en propiedad (o definitivos) y, eventualmente, con la de provisorios o subrogantes en aquellas oficinas judiciales respecto de las cuales la necesidad fuera acuciante. Pero esto le quitaría al oficialismo el principal argumento, al menos formal (el real es el asegurar la recontra-reelección del gobernador en 2011), para seguir insistiendo en otro retoque de la Carta Magna.

Minimalismo institucional
A estas alturas ya resulta una obviedad afirmar que el único CAM que conciben en el Poder Ejecutivo pareciera ser el que pueden digitar. Sólo basta con hacer historia: en diciembre de 2003 aniquilaron el que funcionaba desde la época de Ramón Ortega (1991) y lo resucitaron con la reforma de 2006, pero reducido escuálidamente a mero apéndice administrativo del PE, ya que este fue facultado por los convencionales alperovichistas para que pudiera tijeretear constantemente su composición a fuerza de meros decretos.
Por eso, con mayor o menor convicción, los representantes de los abogados insisten en que no hay conversación posible si primero no se acuerda lo relacionado con el funcionamiento de un CAM equilibrado, sin preponderancia del estamento político. Y es lógico que sea así. Si no lo hicieran, no serían coherentes con la sentencia que el 8 de setiembre del año pasado consiguieron de la Corte Suprema. Esta, en su indelegable calidad de intérprete final de la Constitución (de 2006), ratificó que los jueces deben ser el fruto de un proceso de selección que incluya la celebración de concursos de oposición y antecedentes, y que el CAM, encargado de motorizar ese método transparente, ya no puede ser organizado discrecionalmente por el PE. Si no es el miedo a perder gravitación en el futuro CAM, ¿cuál otra puede ser la razón de la renuencia del oficialismo a conformarlo?
En teoría, el margen de negociación de los representantes de los abogados es mínimo. Si resignaran la lucha por la conformación del CAM y entraran en el juego minimalista del oficialismo, de reducir la cuestión al establecimiento de un mecanismo que únicamente sirva para la selección de jueces provisorios o subrogantes, corren el riesgo de terminar siendo simplemente funcionales a las ansias reformistas-recontra reeleccionistas de José Alperovich. Por supuesto que también saben que, aunque no lo crearon, el problema de las vacantes es real y pone nervioso -¡o muy!- al letrado de los pasillos, que quiere jueces ya, incluso sin medir costos institucionales. El gobernador, experto en la psicología del miedo, aprovecha bien esto cuando jala de la cuerda y, adrede, desliza que no sabe qué quieren los dirigentes de los abogados.
Para salir del estancamiento con los abogados, el oficialismo necesita de un partenaire. Por eso, durante los últimos días, algunas voces (curiosamente, también, una radical, la de José Cano) se alzaron para pedir con insistencia que la Corte diga algo formalmente o que, incluso, por debajo de la mesa (como se dice en la jerga política), acerque algún borrador que permita la sanción de una ley que, por ejemplo, reforme la Ley Orgánica de Tribunales y posibilite que ella misma encabece un mecanismo de selección de jueces subrogantes. ¡Cuánto le gustaría al gobernador algo parecido para salir del paso y para repetir hasta el hartazgo: "si sólo hago lo que la Corte quiere"!
Estas intentonas no son nuevas. En octubre del año pasado, cuando aún no se habían cicatrizado las heridas tras la sentencia del 8 de setiembre de 2008, Alperovich les pedía a los vocales que le arrimaran un borrador. Entonces, con debida prudencia, no lo hicieron, aunque sí un grupo de ocho magistrados, que propuso al vicegobernador, Juan Manzur, la vuelta lisa y llana a la pura discrecionalidad política en la designación de jueces subrogantes. Este fue el origen de la tristísima Ley 8.136, que fue bloqueada por una oportuna medida cautelar del camarista Rodolfo Novillo, por contradecir los requisitos constitucionales más elementales.
Cuesta concebir que la Corte pueda exponerse así; mucho menos que, por vía de sus facultades de superintendencia (es en el carácter en el que Cano la ha convocado), emita una acordada en la que abunde sobre cuestiones que puedan rozar siquiera lo que ella misma ya ha decidido en el plano jurisdiccional (el 8 de setiembre de 2008); eso sin contar que dos de sus cinco vocales (Antonio Estofán y Claudia Sbdar) ni siquiera podrían decir como superintendentes lo que en la causa promovida por el Colegio de Abogados (sobre el CAM y otras disposiciones constitucionales) no pudieron juzgar como magistrados por haberse excusado o por haber sido recusada (sin causa).