La Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado provincial denunció la existencia de pagos discrecionales en las deudas a acreedores judiciales con sentencia firme. Los dirigentes Miguel Páez y Eduardo Rodríguez consideran que las irregularidades estarían beneficiando a determinadas reparticiones y funcionarios en desmedro del resto.
El reclamo fue realizado por los pasivos ante las autoridades del Ministerio de Economía, tras comprobar que empleados de Contaduría General, Fiscalía de Estado y Dirección del Agua cobraron las indemnizaciones reconocidas por la Justicia. Los pagos se realizaron a pesar de que el resto de las liquidaciones permanece paralizado hasta que se realice una nueva valuación.
El conflicto que generó la denuncia de los jubilados tiene origen en 1985, cuando los empleados de distintas reparticiones del Estado decidieron accionar judicialmente por pagos realizados fuera de término y otras diferencias salariales.
En 1995, la Justicia falló a favor de los trabajadores, fijando una indemnización para cada uno de los demandantes. En 2000, después de varias protestas, el Gobierno resolvió conformar una comisión especial para analizar la situación y proponer una forma de pago dentro de las posibilidades admitidas por la Ley de Consolidación de Deudas. A mediados de ese año, los acreedores cobraron el 40% de sus indemnizaciones con Bonos Independencia, pero en el mes de diciembre el Gobierno resolvió paralizar los pagos y renegociar el monto reconocido por la Justicia.
Desde entonces, los estatales esperan definiciones. El ex ministro Osvaldo Jaldo les había asegurado que existía la decisión política de pagar. Las nuevas autoridades ratificaron ese compromiso, pero los beneficiarios quieren algo más que palabras.
El reclamo fue realizado por los pasivos ante las autoridades del Ministerio de Economía, tras comprobar que empleados de Contaduría General, Fiscalía de Estado y Dirección del Agua cobraron las indemnizaciones reconocidas por la Justicia. Los pagos se realizaron a pesar de que el resto de las liquidaciones permanece paralizado hasta que se realice una nueva valuación.
El conflicto que generó la denuncia de los jubilados tiene origen en 1985, cuando los empleados de distintas reparticiones del Estado decidieron accionar judicialmente por pagos realizados fuera de término y otras diferencias salariales.
En 1995, la Justicia falló a favor de los trabajadores, fijando una indemnización para cada uno de los demandantes. En 2000, después de varias protestas, el Gobierno resolvió conformar una comisión especial para analizar la situación y proponer una forma de pago dentro de las posibilidades admitidas por la Ley de Consolidación de Deudas. A mediados de ese año, los acreedores cobraron el 40% de sus indemnizaciones con Bonos Independencia, pero en el mes de diciembre el Gobierno resolvió paralizar los pagos y renegociar el monto reconocido por la Justicia.
Desde entonces, los estatales esperan definiciones. El ex ministro Osvaldo Jaldo les había asegurado que existía la decisión política de pagar. Las nuevas autoridades ratificaron ese compromiso, pero los beneficiarios quieren algo más que palabras.
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