Los concejales de todas las municipalidades de la provincia deberán volver a sesionar antes del 7 de febrero. Así lo fijan las pautas dispuestas por la Nación para el proceso de canje de la deuda pública, impuesto por el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo firmado la semana pasada.
Las nuevas disposiciones, que llegaron el miércoles al Ministerio de Economía de la provincia, implican un cambio de planes para los intendentes y la alteración del cronograma de trabajo que se había fijado a comienzos de este año.
En principio, las municipalidades debían presentar hasta hoy toda su deuda documentada. Ese cometido, que fue cumplido por la mayoría de las administraciones, habilitaba al Estado provincial para comenzar la refinanciación de los pasivos. Pero ahora, las autoridades nacionales quieren que cada Concejo Deliberante identifique el monto de su deuda, se la transfiera a la Provincia y asuma una serie de estrictos compromisos fiscales.
Las rigurosas pautas fijadas por la Nación imponen que todos los Concejos aprueben un mismo modelo de ordenanza para garantizar su inclusión en el canje. Ese proyecto de norma, cuyo texto ya está en poder de los intendentes, prevé la cesión de las deudas pendientes con entidades financieras y las garantizadas con títulos públicos. El Estado provincial a su vez -con una ley que deberá sancionarse oportunamente- cederá esas deudas a la Nación para que esta las refinancie con los acreedores nacionales e internacionales.
El modelo de ordenanza establece, además, que las municipalidades autoricen una cesión irrevocable de recursos coparticipables para garantizar el pago de la nueva deuda y se comprometan a firmar convenios de ordenamiento fiscal con seguimiento del Ministerio de Economía de la Nación.
El requerimiento impone la convocatoria a sesiones extraordinarias de todos los órganos deliberativos de la provincia. La urgencia esta justificada: los municipios que no sancionen y promulguen una ordenanza con estas pautas antes del próximo viernes, quedarán fuera del canje.
Las nuevas disposiciones, que llegaron el miércoles al Ministerio de Economía de la provincia, implican un cambio de planes para los intendentes y la alteración del cronograma de trabajo que se había fijado a comienzos de este año.
En principio, las municipalidades debían presentar hasta hoy toda su deuda documentada. Ese cometido, que fue cumplido por la mayoría de las administraciones, habilitaba al Estado provincial para comenzar la refinanciación de los pasivos. Pero ahora, las autoridades nacionales quieren que cada Concejo Deliberante identifique el monto de su deuda, se la transfiera a la Provincia y asuma una serie de estrictos compromisos fiscales.
Las rigurosas pautas fijadas por la Nación imponen que todos los Concejos aprueben un mismo modelo de ordenanza para garantizar su inclusión en el canje. Ese proyecto de norma, cuyo texto ya está en poder de los intendentes, prevé la cesión de las deudas pendientes con entidades financieras y las garantizadas con títulos públicos. El Estado provincial a su vez -con una ley que deberá sancionarse oportunamente- cederá esas deudas a la Nación para que esta las refinancie con los acreedores nacionales e internacionales.
El modelo de ordenanza establece, además, que las municipalidades autoricen una cesión irrevocable de recursos coparticipables para garantizar el pago de la nueva deuda y se comprometan a firmar convenios de ordenamiento fiscal con seguimiento del Ministerio de Economía de la Nación.
El requerimiento impone la convocatoria a sesiones extraordinarias de todos los órganos deliberativos de la provincia. La urgencia esta justificada: los municipios que no sancionen y promulguen una ordenanza con estas pautas antes del próximo viernes, quedarán fuera del canje.
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