El abogado Luis Alfredo Romero Abadie amplió en la Legislatura su pedido de juicio político contra el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, a quien ahora también inculpa de incumplir en los deberes de funcionario público, por no haber denunciado penalmente a las "cuevas".
La acusación original fue por desórdenes de conducta y por ignorancia inexcusable o negligencia manifiesta en el ejercicio de funciones, tras la suba del agio en el canje de bonos y la falta de control sobre esos negocios.
La ampliación de la acusación se fundamenta en que, según Romero Abadie, estos comercios deben ser sancionados conforme a la Ley de Régimen Penal Cambiario, "por cuanto son centros de usura, de agio y de especulación". El denunciante sostuvo, además, que según la Ley de Entidades Financieras, las casas que realicen negociaciones de cambio sólo pueden ser habilitadas por el Banco Central.
"La Dirección de Comercio de la provincia efectuó 12 clausuras, que luego fueron levantadas sin razón. Y la Dirección de Rentas efectuó 50 inspecciones sin ningún resultado. Durante las fiscalizaciones se tomó conocimiento de que las ?cuevas? no tenían autorización del BCRA", detalló Romero Abadie.
El abogado apunta a que el ministro, como funcionario público, tiene la obligación de denunciar -de oficio- los delitos que conozca en el ejercicio de sus funciones, según mandan los códigos de procedimientos penales de la Provincia y de la Nación.
La acusación original fue por desórdenes de conducta y por ignorancia inexcusable o negligencia manifiesta en el ejercicio de funciones, tras la suba del agio en el canje de bonos y la falta de control sobre esos negocios.
La ampliación de la acusación se fundamenta en que, según Romero Abadie, estos comercios deben ser sancionados conforme a la Ley de Régimen Penal Cambiario, "por cuanto son centros de usura, de agio y de especulación". El denunciante sostuvo, además, que según la Ley de Entidades Financieras, las casas que realicen negociaciones de cambio sólo pueden ser habilitadas por el Banco Central.
"La Dirección de Comercio de la provincia efectuó 12 clausuras, que luego fueron levantadas sin razón. Y la Dirección de Rentas efectuó 50 inspecciones sin ningún resultado. Durante las fiscalizaciones se tomó conocimiento de que las ?cuevas? no tenían autorización del BCRA", detalló Romero Abadie.
El abogado apunta a que el ministro, como funcionario público, tiene la obligación de denunciar -de oficio- los delitos que conozca en el ejercicio de sus funciones, según mandan los códigos de procedimientos penales de la Provincia y de la Nación.
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