El ejercicio presupuestario 2001 del Instituto Provincial de la Vivienda acumuló numerosas irregularidades que derivaron en una opinión adversa del Tribunal de Cuentas, y en la decisión de relevar, mediante una comprobación sumaria, todas las transgresiones legales en que se incurrió.
El órgano de contralor detectó que en ese año, cuando estaba al frente del IPV Rodolfo Neme, se compró por más de 12 millones de pesos el predio del barrio Lomas de Tafí sin tener partida presupuestaria (la operación está siendo investigada en la Justicia); que se hicieron obras con sobregiros por casi 1,1 millón de pesos, y que se excedieron en los trabajos por 1,7 millón de pesos, respecto de los fondos asignados.
Para acomodar los gastos, el IPV dispuso por simples resoluciones internas la creación de nuevas unidades de inversión y la compensación entre partidas, lo que transgredió la normativa puesto que estas medidas deben ser habilitadas por el Poder Ejecutivo.
El Tribunal destacó que en el balance de 2001 del IPV figura "un significativo saldo disponible como crédito presupuestario no utilizado en el ejercicio, de casi 16 millones de pesos para la Partida de Trabajos Públicos". "Falta la formalización de más del 60% de las garantías hipotecarias de los créditos otorgados (en ese ejercicio), lo cual es de suma gravedad por el riesgo que ocasiona al patrimonio fiscal", se informó.
La institución cuestionó también las rendiciones de cuentas efectuadas por el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y por el Ente Regulador del Servicio de Agua potable y Cloacas (ERSACT), donde realizará comprobaciones sumarias.
Las objeciones alcanzaron también a la cuenta especial de Reequipamiento Policial, en la cual se registró un sobregiro de 94.000 pesos en 2001, y al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), en cuyo activo de cuentas a cobrar no figura un importe de casi 18 millones de pesos.
El órgano de contralor detectó que en ese año, cuando estaba al frente del IPV Rodolfo Neme, se compró por más de 12 millones de pesos el predio del barrio Lomas de Tafí sin tener partida presupuestaria (la operación está siendo investigada en la Justicia); que se hicieron obras con sobregiros por casi 1,1 millón de pesos, y que se excedieron en los trabajos por 1,7 millón de pesos, respecto de los fondos asignados.
Para acomodar los gastos, el IPV dispuso por simples resoluciones internas la creación de nuevas unidades de inversión y la compensación entre partidas, lo que transgredió la normativa puesto que estas medidas deben ser habilitadas por el Poder Ejecutivo.
El Tribunal destacó que en el balance de 2001 del IPV figura "un significativo saldo disponible como crédito presupuestario no utilizado en el ejercicio, de casi 16 millones de pesos para la Partida de Trabajos Públicos". "Falta la formalización de más del 60% de las garantías hipotecarias de los créditos otorgados (en ese ejercicio), lo cual es de suma gravedad por el riesgo que ocasiona al patrimonio fiscal", se informó.
La institución cuestionó también las rendiciones de cuentas efectuadas por el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y por el Ente Regulador del Servicio de Agua potable y Cloacas (ERSACT), donde realizará comprobaciones sumarias.
Las objeciones alcanzaron también a la cuenta especial de Reequipamiento Policial, en la cual se registró un sobregiro de 94.000 pesos en 2001, y al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), en cuyo activo de cuentas a cobrar no figura un importe de casi 18 millones de pesos.
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