El sistema de control de las cuentas del Estado provincial es ejercido por el Tribunal de Cuentas. La entidad ejerce una función preventiva en el manejo de las finanzas, pero también una supervisión posterior a los gastos con el estudio de las cuentas generales de los ejercicios presupuestarios, que debe remitirle todos los años el Poder Ejecutivo.
Esta misión se vio seriamente afectada durante el año pasado, cuando debió controlar el ejercicio 2001. La fecha tope para que el PE le remita todas las cifras era el 31 de mayo, pero fueron enviadas el 30 de agosto, "con 91 días corridos de atraso respecto de lo estipulado en la Ley de Contabilidad", y luego de que el Tribunal intimó al Gobierno.
En su crítica general, le reclamó al PE que "modifique la forma de exposición del Presupuesto, porque el sistema patrimonial necesita una profunda revisión tendiente a la individualización de sus bienes y a la disposición de una base de datos que permita mantener un inventario permanente actualizado". Con ese objetivo, pidió que en el Presupuesto "se exprese el universo total de los gastos y recursos, sin deducción alguna, y que se desarrollen los procedimientos que permitan sistematizar y racionalizar la gestión patrimonial".
En base a la información disponible, el cuerpo determinó que la deuda pública al finalizar 2001 era de $ 1.744 millones; y que se gastaron casi $ 100 millones más que los recursos corrientes (la diferencia se obtuvo con financiamiento), pese a las medidas de ahorro como el pago del 20% de los sueldos estatales en los vales alimentarios o el congelamiento del escalafón por antigüedad.
Esta misión se vio seriamente afectada durante el año pasado, cuando debió controlar el ejercicio 2001. La fecha tope para que el PE le remita todas las cifras era el 31 de mayo, pero fueron enviadas el 30 de agosto, "con 91 días corridos de atraso respecto de lo estipulado en la Ley de Contabilidad", y luego de que el Tribunal intimó al Gobierno.
En su crítica general, le reclamó al PE que "modifique la forma de exposición del Presupuesto, porque el sistema patrimonial necesita una profunda revisión tendiente a la individualización de sus bienes y a la disposición de una base de datos que permita mantener un inventario permanente actualizado". Con ese objetivo, pidió que en el Presupuesto "se exprese el universo total de los gastos y recursos, sin deducción alguna, y que se desarrollen los procedimientos que permitan sistematizar y racionalizar la gestión patrimonial".
En base a la información disponible, el cuerpo determinó que la deuda pública al finalizar 2001 era de $ 1.744 millones; y que se gastaron casi $ 100 millones más que los recursos corrientes (la diferencia se obtuvo con financiamiento), pese a las medidas de ahorro como el pago del 20% de los sueldos estatales en los vales alimentarios o el congelamiento del escalafón por antigüedad.
Lo más popular
Ranking notas premium







