"Suprimir las AFJP no causará una crisis"

MADRID (Especial para LA GACETA, por Irene Benito).- El abogado entrerriano Esteban Russell asegura que no ha viajado a Madrid como enviado del PEN, aunque fue jefe de gabinete de Finanzas y subsecretario de Servicios Financieros durante la gestión kirchnerista (cesó en el último cargo en diciembre de 2007, cuando asumió Cristina Kirchner) y aunque está convencido de la conveniencia de que los fondos de jubilación privados regresen a la órbita estatal.
Russell opina que el país tiene derecho a un sistema único de reparto como el que tienen España, Estados Unidos y Francia, proyecto que ha generado malestar entre los capitalistas españoles con inversiones en la Argentina, como el BBVA, propietario de Consolidar. 
Russell ha sido el ponente principal del debate titulado Nacionalización económica: ¿vuelven los tiempos de inestabilidad a la Argentina?, que tuvo lugar en la Casa de América el mismo día que Diputados dio media sanción a la iniciativa provisional del PEN. Russell responde con un no terminante al interrogante del panel y dice que la inestabilidad económica del país es resultado del crac financiero mundial. "En cuanto a lo político, creo que la propuesta de suprimir las AFJP no generará una crisis institucional. La crítica a la política previsional del Gobierno no tiene apoyo popular. Las resistencias que ha generado son incomparables con el conflicto con el campo", explica.
 
- ¿En qué difieren ambas cuestiones?
- La confrontación con los ruralistas se originó en una resolución del Ministerio de Economía, la 125. En cambio, en este caso, el PEN no decidió nada sino que se limitó a enviar un proyecto al Congreso, que es el ámbito constitucionalmente apropiado para que, por los juegos del consenso, se termine decidiendo el asunto. Ha habido una marcha contra esta medida pero no un parate nacional como pasó con lo del campo. Esta diferencia es el reflejo de lo que dicen las encuestas. Una de ellas establece que más del 40% está a favor del proyecto y que el 30% no tiene una opinión formada. Entiendo que la oposición aprovecha este tema para criticar al Gobierno y que pretende darle un nivel de gravedad un tanto exagerado.
 
- ¿El proyecto no se contradice con la ley 26.222, del año pasado, promovida para permitir a los afiliados a capitalización regresar a reparto?
- Es difícil tomar esa posibilidad de opción como un plebiscito popular sobre cuál es el mejor sistema de retiro para la Nación. De los 13 millones de afiliados a los dos sistemas hay muchos de las AFJP que no hacen aportes porque son monotributistas o porque están desempleados. Ellos no tomaron una decisión al respecto. La gente que se cambió de sistema en la década de 1990 tuvo un nivel de información bastante precario. Recuerdo que por la calle Florida, en Buenos Aires, había promotores que regalaban pelotas de fútbol a los que se iban a las AFJP. Esa masa de argentinos no tuvo los elementos para entender su decisión. Por ejemplo, lo relativo al esquema de comisiones. Hubo una publicidad un poco rara que decía que esta era de sólo el 3%... ¡pero no decía del salario bruto! Lo que implica el 30% o el 40% del dinero ingresado. Si el salario es de $ 100, los aportes ascienden a $ 12, pero la comisión se aplica sobre los $ 100. Además, el Estado debe mirar a largo plazo y tomar como referencia los modelos que funcionan en los países serios. El que tiene la Argentina es similar al que hay en Nigeria, Kazajistán, El Salvador, Panamá? evidentemente estos no son los punteros en el ranking de desarrollo. No sé si la gente está muy al tanto de ello y si sabe el rol que el Estado cumple en el sistema de capitalización, donde asiste con el 77% de la prestación a los 400.000 jubilados de las AFJP.
 
- ¿Pero acaso no está obligada a hacerlo porque esos jubilados aportaron tanto a la capitalización como al reparto? Desde 1994 a esta parte nadie ha reunido la cantidad de años de aporte para jubilarse íntegramente en una AFJP?
- Es correcto, pero esto también tiene que ver con el peligro de omitir la solidaridad en un sistema jubilatorio. Hay que hacer una evaluación de largo plazo. Por ejemplo, en Chile ya llevan 30 años con este sistema y el ex presidente Ricardo Lagos ha dicho que el 50% de los jubilados reciben una asistencia estatal. El afirma que no ha funcionado el objetivo de que el sistema privado le quite la carga previsional al Estado que, por principio constitucional, no puede desentenderse de la suerte de un jubilado. En cambio, el sector privado se limita a recibir el dinero, comisionar fuertemente e invertir. Pero, cuando no llega al haber mínimo, el afiliado recurre a la Constitución, que dice que el sector público tiene que hacerse cargo de él. El Estado pasa a ser un socio bobo: no comparte ni un poquito de ese 30% o 40% de comisiones, pero, cuando se acaba la cuenta de capitalización o no se llega al haber mínimo, debe salir a cubrir el déficit.
 
- El reparto no se caracterizó por un funcionamiento eficiente. La Corte tuvo que ordenar varias veces a este Gobierno que actualice los haberes?
- En los últimos tres o cuatro años el haber mínimo se duplicó. Ningún sistema previsional es perfecto, ni el privado ni el público, pero hay que analizar cuál funciona mejor y cuál es más correcto de acuerdo con la arquitectura constitucional de nuestro país. La jubilación no puede facilitar un negocio financiero en donde el Estado corra con las pérdidas. ¿Por qué tiene que ser perfecto? Los economistas no se ponen de acuerdo porque todos tienen defectos, pero la experiencia internacional no recomienda la capitalización.
 
- De 1994 a esta parte las AFJP nunca estuvieron libres de los marcos regulatorios que estableció el Estado. ¿Esta iniciativa de la administración puede ser interpretada como el reconocimiento de que no pudo controlar el régimen de capitalización?
- Más allá de si el trabajo regulatorio estuvo bien o mal hecho está la evaluación de si el sistema es o no correcto. Hay que ir un paso más atrás. Si el sistema es malo y está bien regulado, no tendrá resultados buenos. El Estado ha regulado con las limitaciones del modelo. ¿Cómo lo hace? Cuando se acaba la plata, suple a las AFJP porque no se puede olvidar del artículo 14 bis de la Constitución que le obliga a no dejar librado a su suerte al anciano que se equivocó.
 
- ¿Cuántos jubilados están en esta situación?
- Unas 50.000. Por la propia regulación, el Estado paga por las AFJP. No tiene escapatoria por mandato constitucional; es una responsabilidad irrenunciable.