Sobraron los dedos de las manos para contar la cantidad de personas que en carácter de usuarios asistieron ayer a la audiencia pública para esgrimir argumentos contra el alza tarifaria. Por caso, prima facie, el número de policías quintuplicaba el de consumidores, pese a que al ajuste (el cuarto del año) lo sufrirán todos los tucumanos. El trámite se resolvió apenas en tres horas.
El teatro Orestes Caviglia cuenta con 187 butacas, que estuvieron ocupadas mayormente por trabajadores movilizados del Sindicato de Luz y Fuerza (apoya el ajuste), por directivos de la empresa, por policías vestidos de civil y por unos cuantos representantes de las instituciones relacionadas con el servicio eléctrico.
La casi nula participación de los usuarios refleja la real indiferencia de la ciudadanía tucumana hacia los asuntos de interés público; pero, también, la abulia y la conveniencia de Estado de no promover la discusión social y de no transparentar las decisiones que involucran a los consumidores, acaso por temor a una caída de la consideración de la gestión de gobierno en la opinión pública.
Así, la audiencia pública -que en términos administrativos sólo sirve para convalidar otra suba tarifaria- llegó ayer sin que los usuarios tengan nada en claro: ni la causa del ajuste, ni la necesidad, ni el porcentaje, ni el detalle de a cuántos clientes afectará ni cuáles serán los montos que se aplicarán. Ni siquiera se sabe en qué momento se aplicará en forma efectiva la bendita Tarifa de Interés Social (TIS), de la que se ufanan el PE, EDET y el Epret.
En definitiva, la ciudadanía no participa porque sabe que a las decisiones que afectan a sus bolsillos las toman otros. Unos pocos…
