Un buen sistema de compras y contrataciones públicas debería alcanzar tres objetivos: equidad, para garantizar un acceso justo a cualquier oferente que compita por una oportunidad de negocios con el Estado; integridad, para prevenir y controlar la corrupción durante todo el proceso de contratación; economía y eficiencia, para poder contratar bienes y servicios que coticen al precio más bajo posible en combinación con la calidad deseada.
Cuando el Estado desarrolla la capacidad para garantizar procesos transparentes y competitivos estos tres objetivos tienden a cumplirse. Así, la transparencia y la competencia garantizan un acceso justo a los empresarios y reduce los precios y las oportunidades para los negocios corruptos. Sin embargo, normalmente, en Argentina ocurre todo lo contrario. La falta de transparencia, capacitación y la ausencia de controles efectivos en el sistema de contrataciones públicas aumentan los incentivos de las empresas para formar carteles o pagar sobornos en las licitaciones públicas con el objetivo de ser incluidos en una lista de precalificación, restringir la entrada de otros oferentes, manipular las especificaciones técnicas del contrato para ser calificados como los únicos elegibles y, una vez elegidos, poder hacer ajustes al precio del contrato o alterar la calidad de los bienes o servicios.
Podríamos simplificar las cosas y decir que una nueva ley, más moderna, lo resolvería todo. Sin embargo, el decreto delegado 1.023, sancionado en 2001, incluye una serie de obligaciones vinculadas con la transparencia, la participación ciudadana, más y mejor competencia, y la restricción de contrataciones directas. Sencillamente, estas medidas no son cumplidas o directamente son ignoradas por las unidades de compras y contrataciones. Es cierto que una nueva ley podría incluir algunos estándares y arreglos institucionales nuevos para mejorar los controles y aumentar la transparencia, pero para confiar en esos cambios primero hay que aplicar los que ya existen.
En segundo lugar, es necesario seguir el modelo de países como México, Brasil o Chile desarrollados en los últimos 10 años en la utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información en el campo de las contrataciones públicas. El uso de Internet ha demostrado ser una poderosa herramienta de transformación en el área de compras y contrataciones públicas, aumentando la competitividad, reduciendo costos, mejorando el acceso a la información y desincentivando las prácticas corruptas. En este sentido, el caso argentino tiene un atraso de una década.
Pero no todas son malas noticias. El caso de corrupción investigado y expuesto por el Ministerio de Defensa de la Nación en el área de compras y contrataciones, a través de una investigación interna del propio ministerio, demuestra que los desafíos son más políticos que técnicos. O sea, se puede mejorar hoy mismo el sistema de contrataciones públicas, desmantelando cárteles de empresas contratistas y exponiendo otras prácticas corruptas, mientras se avanza en reformas más estructurales en el mediano y largo plazo. Es, más que nada, cuestión de tomar la decisión política correcta.
