Las obras que se llevan adelante con financiamiento externo son licitadas, ya que así lo imponen como requisito las entidades internacionales que prestan la asistencia económica. Tal es el caso de los proyectos abiertos para la construcción de la emprendimientos viales (como nueva traza de la ruta 38) o de las obras hídricas (como la ampliación del canal de Los Puestos), financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como contrapartida, por ejemplo, en diciembre la Legislatura autorizó al director de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito, a realizar contrataciones en obras públicas de hasta $ 150.000 ejecutadas por administración. “Pasaremos por alto la burocracia estatal”, dijo el oficialista José Teri durante la sesión realizada el 6 de diciembre.
Otra polémica se dio con la venta directa de 14 inmuebles públicos al Banco Macro, aprobada en julio por la Legislatura. La Ley de Administración Financiera establece, en el artículo 63, que tal procedimiento se efectuará mediante licitación pública o remate “previamente enunciado”, salvo que el importe no supere los $ 8.000.
