Cuatro causas judiciales abiertas en el ámbito nacional son emblemáticas en materia de alejamiento oficial de los estándares internacionales de transparencia en licitación de obras públicas.
Las más recientes corresponden a la gestión kirchnerista. El proyecto oficial de unir con un tren bala las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba es uno de ellos. Las objeciones al expediente se multiplicaron y la Justicia Federal analiza un par de denuncias penales referidas a la adjudicación del servicio a un consorcio francés. Incluso, la Fundación Poder Ciudadano elaboró un crítico informe: "existieron, en el proceso licitatorio, ciertas anomalías que indicarían que la licitación fue direccionada hacia un oferente particular".
Con anterioridad, el caso Skanska sacudió a la sociedad. Cabe recordar que, en 2006, se inició la investigación por el supuesto pago de coimas para ganar una licitación de obras en el Gasoducto Norte. Como consecuencia, renunciaron dos funcionarios nacionales y la empresa sueca reconoció el pago de "comisiones indebidas" por $ 17 millones.
Para cerrar el círculo kirchnerista, basta decir que, según un informe elaborado por la Oficina Anticorrupción, entre 2003 y 2005 el 75% de las compras y contrataciones de bienes y servicios que realizó la Nación se efectuó por contratación directa y no por licitación pública.
Durante la década menemista, estremecieron los casos de la represa hidroeléctrica de Yacyretá (estaba presupuestada en U$S 5.340 millones y, una vez finalizada, habrá costado más de U$S 11.000 millones); y del llamado a confección de DNI que recayó en Siemens, en 1998.
