Culpan a Jerez por una decisión en Yerba Buena

El interventor de la ciudad prorrogó el servicio de recolección de basura. Justificó la decisión en el secuestro de documentación.

Por Redacción Política 23 Enero 2003
El interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, prorrogó por tres meses el contrato del servicio de recolección de residuos en el municipio, en favor de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, con opción a una nueva prolongación por decreto.
El delegado del Poder Ejecutivo justificó la decisión en el secuestro de documentación -considerada fundamental para resolver la licitación por 3 años-, efectuada por el fiscal Esteban Jerez en el allanamiento del pasado 10, con autorización del juez de feria, Alfonso Zottoli.
"No tengo otra alternativa, porque no puedo otorgar la concesión hasta que no tenga los documentos originales. Me veo en la obligación de preservar los servicios esenciales de la comunidad con esta prórroga, pero este plazo estará relacionado con la devolución de los papeles. Mientras antes lo haga, más pronto resolveré", sostuvo.
Lobo Aragón recordó que impugnó el allanamiento ante el propio Zottoli, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de feria y la Corte Suprema de Justicia. El interventor destacó que "el proceso licitatorio está en trámite, con opinión favorable de la comisión de preadjudicación, pero con la imposibilidad de la Asesoría Jurídica de emitir dictamen por la negativa de Jerez a devolver la documentación secuestrada, pese a la intimación del juez".
"Cumplo con mi obligación, establecida por las normas que me dan las atribuciones municipales para asegurar los servicios esenciales de higiene y salud de la población", destacó el interventor.

Los documentos
La documentación secuestrada será utilizada por el fiscal anticorrupción para determinar si existieron delitos en la licitación, atento a la denuncia por irregularidades efectuada por las vecinas Nancy Manzano y Liliana Mas. La Banda SRL fue la única oferente, con un costo mensual de 77.900 pesos, frente a los 56.000 pesos que cuesta actualmente por mes el servicio.
Los papeles estarán guardados en la caja fuerte de la Fiscalía hasta febrero, cuando se reanude la actividad habitual en Tribunales. Según un informe interno del municipio, los documentos retenidos son la actuación 4.782/02 (prórroga del contrato a fines del año pasado); reclamo de la empresa por el pago de los servicios de noviembre de 2002; decreto 605/02 (quedó copia autenticada en sede administrativa); y otros trámites referidos a la prestación del servicio.

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