BUENOS AIRES.- El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia nacional que extienda a todos los jubilados la actualización de haberes dispuesta por el máximo tribunal en el llamado “caso Badaro”. El ombudsman apeló ante la Corte el fallo contrario a esa petición emitido por la Cámara de la Seguridad Social, que habría revocado una sentencia favorable de primera instancia.
Mondino recordó que “en agosto de 2006 la Corte exhortó por primera vez a los poderes Legislativo y Ejecutivo a efectuar las correcciones necesarias con el objeto de hacer cesar la omisión de disponer un ajuste por movilidad en el beneficio del señor Adolfo Badaro”.
Luego Mondino pidió a la Justicia que extendiera ese beneficio a todos los jubilados. Un tribunal de primera instancia falló en favor, pero la Cámara revocó la medida por considerar que el ombudsman no tenía representatividad sobre el universo de la clase pasiva.
“Nos hemos presentado ante la Corte para que, siguiendo el criterio del juicio sumarísimo, podamos obtener un fallo favorable para igualar los derechos de todos los jubilados al ya famoso ‘caso Badaro’ que permitió actualizarle en un 88,5% los haberes jubilatorios desde 2002 a la fecha”, explicó Mondino. “La ley de movilidad que empezará a regir en marzo de 2009 no reconoce ninguna actualización y por eso la hemos cuestionado duramente, porque parte de una jubilación totalmente depreciada. Al no reconocerse el incremento de la inflación, nuestros jubilados son condenados a percibir haberes bajísimos”, acotó.
Al confiar en un fallo favorable, dijo: “procuramos que los jubilados y pensionados, cuando reciban la movilidad en marzo, tengan una actualización de acuerdo con lo que fijó la Corte en su momento”.
La Defensoría estima que si hay una decisión favorable de la Corte, serán alcanzados por el beneficio alrededor de 1,2 millón de jubilados que están en la misma situación que Badaro. En su presentación, además, Mondino denunció “la violación del artículo 86 de la Constitución Nacional al no reconocerle la Cámara Federal de la Seguridad Social legitimación procesal al Defensor del Pueblo de la Nación para actuar en este juicio, lo que deviene en una errónea interpretación de normas federales”.
Además, argumentó que actúa en defensa de personas de entre 80 y 90 años, desperdigadas por el país, “lejos de los tribunales, con precaria salud, faltos de recursos o ayuda”. “Es un grupo absolutamente indefenso; mal puede sostenerse entonces que se trata de derechos subjetivos y que le corresponde a cada jubilado iniciar su demanda”, planteó.(DyN)
