Estudios realizados el año pasado sobre la disyuntiva de la opción previsional entre capitalización y reparto señalaron con nitidez que, para todas las edades de afiliación, el subsistema privado resultaba más conveniente que el público. Ello se lograba con tasas reales anuales de rentabilidad del orden del 5,3 al 6%. Cabe recordar que en 13 años de actividad (1994-2007), las AFJP obtuvieron el l0% real anual, aún computando el default de fines de 2001, cuando las cotizaciones de los activos financieros se derrumbaron de manera drástica.
A todo ello, en marzo de 2007 (fecha de la reforma), el subsistema de reparto sólo podía sostener una jubilación mensual equivalente al 30% de los sueldos promedio, un guarismo ciertamente muy alejado del soñado 82%. Existe unanimidad en que las posibilidades de este modelo descansa en la relación entre activos y pasivos, la que proyectada al largo plazo (30 años), se muestra amenazada por la caída en las tasas de natalidad y el incremento en las expectativas de vida. Por lo tanto, en el mañana sólo puede ofrecer menores beneficios jubilatorios, mayor carga impositiva, o postergar la edad de retiro.
Argumentos válidos
Más allá de estos argumentos cuantitativos, hay otros juicios de valor no menos importantes, como ser: posición ideológica, nociones de equidad, inseguridad jurídica, incentivos para el ahorro, gestión administrativa pública o privada, procedimientos coherentes, proporcionalidad entre los aportes y las prestaciones, autofinanciación, equilibrio actuarial con estabilidad y permanencia en el tiempo, metodología de liquidación del haber, tope jubilatorio, movilidad, cuenta de capitalización individual, servicios sociales, posibilidad de optar entre diferentes tipos de renta, aportes voluntarios, garantías, beneficios impositivos, etcétera. Luego de analizar y ponderar esta colección de variables, el año pasado 9,5 millones de afiliados resolvieron libremente permanecer en el sistema de capitalización.
¿Por qué a nueve meses de esa decisión soberana aparece el Gobierno y desconoce de modo brutal ese derecho? En función de los antecedentes expuestos y de los malos ejemplos a que nos tiene acostumbrado el Estado, no resulta creíble que su preocupación sea el futuro bienestar de la clase pasiva: muy por el contrario, nuevamente la condena a la pobreza y al desamparo.
Los costos fiscales que generarán las miles de demandas a consecuencia de esta medida temeraria, ¿será solventada por el matrimonio Kirchner? La pregunta suena a infantil y la respuesta es muy trillada: la comunidad toda deberá asumir, otra vez, esta fiesta desafortunada que tanto daño provoca al conjunto social.
Para impulsar su proyecto, el Gobierno, sin ruborizarse, apela a todo tipo de imprecisiones y falacias para justificar lo que, en realidad, es un saqueo impúdico a la propiedad privada de millones de argentinos. Claro, no debemos olvidar el apoyo irrestricto e irresponsable que recibe de gobernadores, senadores, y demás "representantes del pueblo" que en una actitud obsecuente e indigna aplauden este despojo descarnado de u$s 29.000 millones. Una vez más, aplauden un espectáculo muy triste.
