El Poder Ejecutivo vetó ayer la ley sancionada por la Legislatura el 30 de diciembre pasado, que creó un régimen especial de recaudación del tributo a los Ingresos Brutos.
El texto original había sido impulsado desde el propio Gobierno a principios de 2002, pero incluía a los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, suprimidos expresamente en la redacción final.
La norma disponía que la Dirección Provincial de Rentas efectúe automáticamente la retención de los Ingresos Brutos sobre las cuentas bancarias, como anticipo de la liquidación del tributo, con un tope del 0.5% diario de los importantes acreditados en las distintas cuentas.
El nuevo mecanismo comenzaba a regir en este mes, pero el decreto firmado por el gobernador Julio Miranda y por el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, paralizó la operatoria.
"La Dirección de Rentas manifestó que el proyecto se aparta sustancialmente del elaborado oportunamente, y que sólo incluye a los contribuyentes locales. La vía elegida en el proyecto adolece de serios cuestionamientos legales y técnicos, porque dispone un tratamiento diferenciado entre los contribuyentes tanto cualitativa como cuantitativamente, lo que provocaría una serie de planteos legales de pequeños contribuyentes", sostuvo el Poder Ejecutivo en la fundamentación de su veto, siguiendo el consejo de Fiscalía de Estado.
Discriminación
El Gobierno resaltó que la norma provoca una fuerte discriminación hacia los sectores de menor poder adquisitivo. Advirtió también que la norma sancionada producirá una recaudación sustancialmente menor a la prevista originalmente.
El texto original había sido impulsado desde el propio Gobierno a principios de 2002, pero incluía a los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, suprimidos expresamente en la redacción final.
La norma disponía que la Dirección Provincial de Rentas efectúe automáticamente la retención de los Ingresos Brutos sobre las cuentas bancarias, como anticipo de la liquidación del tributo, con un tope del 0.5% diario de los importantes acreditados en las distintas cuentas.
El nuevo mecanismo comenzaba a regir en este mes, pero el decreto firmado por el gobernador Julio Miranda y por el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, paralizó la operatoria.
"La Dirección de Rentas manifestó que el proyecto se aparta sustancialmente del elaborado oportunamente, y que sólo incluye a los contribuyentes locales. La vía elegida en el proyecto adolece de serios cuestionamientos legales y técnicos, porque dispone un tratamiento diferenciado entre los contribuyentes tanto cualitativa como cuantitativamente, lo que provocaría una serie de planteos legales de pequeños contribuyentes", sostuvo el Poder Ejecutivo en la fundamentación de su veto, siguiendo el consejo de Fiscalía de Estado.
Discriminación
El Gobierno resaltó que la norma provoca una fuerte discriminación hacia los sectores de menor poder adquisitivo. Advirtió también que la norma sancionada producirá una recaudación sustancialmente menor a la prevista originalmente.
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