Contadores se oponen a la ley de inamovilidad

El Colegio de Graduados de Ciencias Económicas insistió en la necesidad de dotar a dicho órgano de independencia funcional efectiva.

Por Redacción Política 17 Enero 2003
Los contadores ayer pusieron el grito en el cielo por culpa de la nueva Ley de Administración Financiera que aprobó la Legislatura en la última sesión de 2002. El 27 de diciembre los legisladores decidieron modificar la ley para que los vocales del Tribunal de Cuentas (Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf) se mantuvieran por tiempo indefinido en sus cargo, salvo que un juicio político los destituya.
El Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Tucumán declaró su profundo desagrado "por el trámite inconsulto" de la reforma de esta ley. Los contadores insistieron en la necesidad de dotar a dicho órgano de independencia funcional efectiva y en que debe estar integrado por profesionales que surjan de un proceso selectivo transparente. Para ello sugirieron "una debida valoración de méritos que garantice la capacidad, la idoneidad y la competencia de los vocales".
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas también lamentó que los poderes del Estado ignoren a las entidades profesionales, que "tienen cuerpos técnicos dispuestos a emitir opinión en asuntos de su competencia".Los contadores se reunieron especialmente para analizar esta modificación de la Ley de Administración Financiera. En la oportunidad, propusieron analizar en forma conjunta con otras entidades profesionales la procedencia de acciones conducentes a lograr la concreción de los objetivos mencionados anteriormente.

Actitud pendular
La institución hizo un pormenorizado análisis de los cambios que tuvo la ley desde 1992. Desde entonces -afirma-, el criterio sobre las autoridades del Tribunal de Cuentas fue cambiando "adecuándose a los acuerdos políticos y sin respetar un proceso selectivo transparente", según lo denunció ya el 24 de setiembre de 1995. Ese mismo año también se denunció el "atropello institucional, producto de un evidente acuerdo político en el reparto de los espacios de poder" cuando se modificó la estructura del Tribunal reduciendo el número de miembros de cinco a tres. "Este nocivo juego pendular de marchas y contramarchas demuestra la imperiosa necesidad de una modificación integral de la Ley de Administración Financiera, a fin de lograr un Tribunal de Cuentas efectivamente independiente y que satisfaga las expectativas de la comunidad para el control efectivo de las cuentas públicas", expresó.

Tamaño texto
Comentarios