"Las declaraciones del arzobispo, monseñor Luis Héctor Villalba, fueron absolutamente claras y precisas; su objetivo unívoco fue advertir sobre la causa fundamental de la corrupción que, como endemia, jaquea a la vida y al bienestar de los tucumanos: el incumplimiento de la ley". Así lo expresaron los dirigentes justicialistas Rubén Palacio, Ramón Edgardo Ponce y Oscar López, al referirse a las expresiones del pastor cuando este aludió al respeto a la Constitución.
Sostienen que tergiversar el claro mensaje del arzobispo conlleva el propósito de una campaña proselitista electoral en busca de consenso social, "a través de la vieja estratagema de victimizarse por discriminación religiosa para evitar los efectos negativos de las investigaciones por actos de corrupción".
Palacio, Ponce y López destacaron que el cumplimiento de la ley contempla los procedimientos para atacar normas que se considera inconstitucionales, injustas, arbitrarias o discriminatorias. "Así lo establece nuestro sistema jurídico: una norma es válida hasta tanto una sentencia la declara inconstitucional, que estimamos es la interpretación que debe otorgarse a los dichos del obispo", finalizaron.
Persecución y poder
"Los cristianos asistimos a ataques y acusaciones plagadas de injusticia, que rememoran las peores épocas de la persecución contra la Iglesia Católica", dijeron por su parte los dirigentes justicialistas Francisco Galindo y Abel González.
Sostienen que la polémica por la Carta Magna se aprovechó para sacar de contexto la palabra de monseñor Villalba, "en beneficio de un hombre que se mantiene semioculto y con clara intención de poder".
"Predicar con el ejemplo sería lo recomendable y un sana autocrítica sería el camino correcto para el inicio de un diálogo fraterno y pacífico; lo demás es mentira e hipocresía", concluyeron.
Sostienen que tergiversar el claro mensaje del arzobispo conlleva el propósito de una campaña proselitista electoral en busca de consenso social, "a través de la vieja estratagema de victimizarse por discriminación religiosa para evitar los efectos negativos de las investigaciones por actos de corrupción".
Palacio, Ponce y López destacaron que el cumplimiento de la ley contempla los procedimientos para atacar normas que se considera inconstitucionales, injustas, arbitrarias o discriminatorias. "Así lo establece nuestro sistema jurídico: una norma es válida hasta tanto una sentencia la declara inconstitucional, que estimamos es la interpretación que debe otorgarse a los dichos del obispo", finalizaron.
Persecución y poder
"Los cristianos asistimos a ataques y acusaciones plagadas de injusticia, que rememoran las peores épocas de la persecución contra la Iglesia Católica", dijeron por su parte los dirigentes justicialistas Francisco Galindo y Abel González.
Sostienen que la polémica por la Carta Magna se aprovechó para sacar de contexto la palabra de monseñor Villalba, "en beneficio de un hombre que se mantiene semioculto y con clara intención de poder".
"Predicar con el ejemplo sería lo recomendable y un sana autocrítica sería el camino correcto para el inicio de un diálogo fraterno y pacífico; lo demás es mentira e hipocresía", concluyeron.
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