La euforia del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, contador como José Alperovich, era evidente ayer porque su provincia había sido elegida sede de la cada vez más numerosa -y relevante- conferencia nacional de jueces. ¿Tucumán podría ser elegida para un encuentro de estas características? Al menos discursivamente, Schiaretti recalcó el respetuoso diálogo institucional que prima en su provincia y destacó que los cordobeses pueden enorgullecerse de las sentencias que dictaban sus magistrados. El Poder Ejecutivo, como consecuencia de una autolimitación, respeta celosamente el orden de mérito que surge de los concursos.
Durante las discusiones de comisión que se desarrollaron en horas de la tarde, envidiablemente, los jueces de Córdoba, al igual que los de Chubut y de Corrientes, se dedicaron a ensalzar las virtudes de los Consejos de la Magistratura de sus respectivas provincias. En cambio, dos de los tres tucumanos que se animaron a hablar, con Mario Velásquez a la cabeza, lo hicieron para denunciar los pedidos de juicio político masivo, curiosamente montados después de la audaz sentencia de parte de la Corte Suprema que evitó que Alperovich pudiera organizar –desorganizar más bien- por decreto el CAM. Mientras Schiaretti se jacta de la Justicia, Alperovich se siente víctima de ella, y denuncia conspiraciones y más palos en la rueda. Bufa siempre en primera persona. Schiaretti, en cambio, reflexiona colectivamente sobre Córdoba. Alperovich olvida que esos mismos jueces a los que denosta, con sensatez, posibilitaron que fuera elegido gobernador en 2003 al haber declarado inconstitucional una anacrónica cláusula confesional de la Carta Magna de 1990. Entonces, no lo querían voltear. Como recordó Ricardo Lorenzetti, citando al siempre sabio Jorge Luis Borges: "ser razonable no puede ser algo extraño". Salvo en Tucumán, claro.








