La Cámara en lo Contencioso Administrativo de feria rechazó el recurso de aclaratoria presentado por la Municipalidad de Yerba Buena sobre el fallo dictado la semana pasada. En la resolución, el tribunal ordenó que el fiscal anticorrupción Esteban Jerez se abstenga de iniciar acciones por desobediencia judicial en contra de la intervención que conduce Jorge Lobo Aragón.
"No puede ni debe este tribunal impedir que se investigue la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de recolección de residuos, ni interferir en las disposiciones que adopte el magistrado penal de instrucción de feria (en referencia al juez Alfonso Zottoli)", resolvieron los camaristas Ana Rodríguez Prado de Basco y Augusto Avila. Justamente, el municipio había solicitado que se suspenda toda actividad del fuero penal en su contra.
El municipio cuestionó tanto la competencia de fondo de Jerez en la materia anticorrupción, a partir de su designación por parte del ex ministro fiscal José Ricardo Falú hace 3 años, como su labor durante la feria de verano. Avila y Prado de Basco consideraron que "en el marco de la acción declarativa se resolverá acerca de la constitucionalidad de la designación de Jerez, pero la validez de las actuaciones cumplidas por el funcionario eventualmente podrá ser materia de conocimiento de magistrados del fuero penal".
La Cámara puntualizó que "por vía de la aclaratoria pueden corregirse errores materiales, aclararse conceptos oscuros o suplirse omisiones en que se hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones discutidas en el litigio, pero no puede arribarse a una modificación sustancial en el contenido o alcance de la resolución, que es precisamente lo que intenta lograr el solicitante".
"La medida cautelar fue pedida en un contexto específico, como era el riesgo de que se inicien acciones por desobediencia judicial, cuestión que constituye el límite de la materia de conocimiento por vía cautelar", aseveraron.
Sentencia conocida
Avila no quiso polemizar con Jerez, quien deslizó que el camarista firmó la sentencia molesto con sus críticas a algunos miembros de la Justicia, a quienes acusó de obstruir su trabajo.
El presidente de la Asociación de Magistrados sólo aclaró que, según consta en el libro de guardia de la Policía en Tribunales, el fiscal fue notificado del fallo el viernes pasado, a las 18.10 (media hora después de firmado). Jerez dijo que había conocido el contenido de la resolución a través de la prensa.
Zottoli no autorizó una medida al fiscal
Esteban Jerez se quedó, virtualmente, en la puerta de la empresa Construcciones y Servicios La Banda SRL. El juez Alfonso Zottoli rechazó el pedido de allanamiento efectuado por el fiscal anticorrupción, para ingresar a la sede de la firma encargada de la recolección de residuos en Yerba Buena y poder secuestrar documentación relacionada con ese servicio público.
El fiscal termina hoy con su labor durante la feria de verano, y retomará la causa en febrero, ya como un asunto ordinario. Jerez quería obtener la totalidad de los contratos celebrados con Yerba Buena (inicial y prórrogas) y de las boletas entregadas por parte de esa empresa a la Municipalidad desde el comienzo de la contratación hasta diciembre de 2002. Parte de esos papeles ya la obtuvo en el allanamiento realizado el pasado viernes a la sede de la municipalidad que conduce Jorge Lobo Aragón.
La empresa concesionaria tiene su local en Congreso y Ruta 9, en la Banda del Río Salí, y sus propietarios serían María Rosa Cabizasu y Mario Delfor Criado, quien firmó los distintos contratos celebrados con el municipio como gerente de la firma.
Jerez determinó que en el primer contrato, firmado en enero de 2001 y por 30 días, el municipio pagó 29.950 pesos más IVA por el servicio de camiones recolectores (el personal es aportado por el Estado). Entre febrero y diciembre de ese año, el costo aumentó a 38.000 pesos más IVA; y, como mínimo, desde agosto del año pasado la Municipalidad paga 46.360 pesos más IVA (totaliza 56.000 pesos por mes).
La Banda SRL solicitó, en febrero de 2001, que se paguen 72.000 pesos por el servicio. A principios del año pasado se aumentó la superficie y la población de Yerba Buena. La empresa ofertó un valor de 77.900 pesos por mes para levantar los residuos en la licitación. Fue la única firma que se presentó. Lobo Aragón aún no firmó la concesión por 3 años, pese a que tiene en su poder un dictamen favorable de la comisión de preadjudicación, desde hace una semana.
"No puede ni debe este tribunal impedir que se investigue la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de recolección de residuos, ni interferir en las disposiciones que adopte el magistrado penal de instrucción de feria (en referencia al juez Alfonso Zottoli)", resolvieron los camaristas Ana Rodríguez Prado de Basco y Augusto Avila. Justamente, el municipio había solicitado que se suspenda toda actividad del fuero penal en su contra.
El municipio cuestionó tanto la competencia de fondo de Jerez en la materia anticorrupción, a partir de su designación por parte del ex ministro fiscal José Ricardo Falú hace 3 años, como su labor durante la feria de verano. Avila y Prado de Basco consideraron que "en el marco de la acción declarativa se resolverá acerca de la constitucionalidad de la designación de Jerez, pero la validez de las actuaciones cumplidas por el funcionario eventualmente podrá ser materia de conocimiento de magistrados del fuero penal".
La Cámara puntualizó que "por vía de la aclaratoria pueden corregirse errores materiales, aclararse conceptos oscuros o suplirse omisiones en que se hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones discutidas en el litigio, pero no puede arribarse a una modificación sustancial en el contenido o alcance de la resolución, que es precisamente lo que intenta lograr el solicitante".
"La medida cautelar fue pedida en un contexto específico, como era el riesgo de que se inicien acciones por desobediencia judicial, cuestión que constituye el límite de la materia de conocimiento por vía cautelar", aseveraron.
Sentencia conocida
Avila no quiso polemizar con Jerez, quien deslizó que el camarista firmó la sentencia molesto con sus críticas a algunos miembros de la Justicia, a quienes acusó de obstruir su trabajo.
El presidente de la Asociación de Magistrados sólo aclaró que, según consta en el libro de guardia de la Policía en Tribunales, el fiscal fue notificado del fallo el viernes pasado, a las 18.10 (media hora después de firmado). Jerez dijo que había conocido el contenido de la resolución a través de la prensa.
Esteban Jerez se quedó, virtualmente, en la puerta de la empresa Construcciones y Servicios La Banda SRL. El juez Alfonso Zottoli rechazó el pedido de allanamiento efectuado por el fiscal anticorrupción, para ingresar a la sede de la firma encargada de la recolección de residuos en Yerba Buena y poder secuestrar documentación relacionada con ese servicio público.
El fiscal termina hoy con su labor durante la feria de verano, y retomará la causa en febrero, ya como un asunto ordinario. Jerez quería obtener la totalidad de los contratos celebrados con Yerba Buena (inicial y prórrogas) y de las boletas entregadas por parte de esa empresa a la Municipalidad desde el comienzo de la contratación hasta diciembre de 2002. Parte de esos papeles ya la obtuvo en el allanamiento realizado el pasado viernes a la sede de la municipalidad que conduce Jorge Lobo Aragón.
La empresa concesionaria tiene su local en Congreso y Ruta 9, en la Banda del Río Salí, y sus propietarios serían María Rosa Cabizasu y Mario Delfor Criado, quien firmó los distintos contratos celebrados con el municipio como gerente de la firma.
Jerez determinó que en el primer contrato, firmado en enero de 2001 y por 30 días, el municipio pagó 29.950 pesos más IVA por el servicio de camiones recolectores (el personal es aportado por el Estado). Entre febrero y diciembre de ese año, el costo aumentó a 38.000 pesos más IVA; y, como mínimo, desde agosto del año pasado la Municipalidad paga 46.360 pesos más IVA (totaliza 56.000 pesos por mes).
La Banda SRL solicitó, en febrero de 2001, que se paguen 72.000 pesos por el servicio. A principios del año pasado se aumentó la superficie y la población de Yerba Buena. La empresa ofertó un valor de 77.900 pesos por mes para levantar los residuos en la licitación. Fue la única firma que se presentó. Lobo Aragón aún no firmó la concesión por 3 años, pese a que tiene en su poder un dictamen favorable de la comisión de preadjudicación, desde hace una semana.
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