El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, calificó de absurda la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de feria, integrada por Augusto Avila y Ana Rodríguez Prado de Basco, que le ordenó abstenerse de promover acciones penales por desobediencia judicial contra el interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón.
"No fui notificado del fallo, pero por lo que me enteré por la prensa, me parece absurdo que me impida realizar una denuncia por un delito de acción pública y que merece ser investigado. No iba a instruir ninguna presentación, sino denunciar a Lobo Aragón para que opere el imperio de la Justicia", remarcó el fiscal.
Jerez recordó que el municipio no le remitió nada de la documentación solicitada sobre la licitación de la recolección de residuos. "Los informes no sólo no fueron contestados, sino que Lobo Aragón adelantó que no lo iba a hacer, en un verdadero alzamiento contra una medida judicial. Entonces, plantea la incompetencia de esta Fiscalía, un tema que hace un año que está en tratamiento en la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordinaria por una presentación de Enrique Romero. Este tribunal nunca dictó una medida cautelar, pero sí lo hace la integración de feria", se quejó.
El fiscal anticorrupción vinculó el criterio de Avila a sus denuncias contra magistrados que obstruyen su labor. "No dudo que su posición tiene que ver con mis críticas a ciertos miembros del Poder Judicial. No creo que sea una venganza, sino más de lo mismo, de un sector que está en contra del trabajo de esta Fiscalía", aseveró. Avila es el presidente del Círculo de Magistrados.
"Pese a que aún no fui notificado, entiendo que la resolución no me impide seguir actuando, con nuevos pedidos de informes o allanamientos, en la investigación de un delito de extrema gravedad, como es la posible concesión irregular de un servicio público. Con los papeles obtenidos, se determinó que durante 2002 se renovó la concesión cada 3 meses violando la ley, lo que le da verosimilitud a la denuncia", indicó.
"Lobo Aragón debe presentarse y decir su verdad. Si no lo hace, es porque oculta algo", concluyó.
Justifican el contrato de recolección de la basura
El secretario de Hacienda de Yerba Buena, Manuel Luna Clarasó, justificó el aumento en el costo del contrato de recolección de residuos -al que estimó menor del que podría haberse producido por efecto de la inflación- ya que se amplió la prestación territorial y poblacional.
"El incremento tiene una profunda y clara explicación. Desde setiembre de 2001 no se modificó el monto de la concesión, pese al aumento de los costos fijos (insumos, combustibles, neumáticos y repuestos de los camiones) de un 120% en la inflación mayorista y de un 41% en la minorista durante el año pasado. Además, desde enero de 2002 se amplió por ley provincial el territorio de Yerba Buena en un 25%, y en un 22% la población a atender", señaló.
El aumento de $ 56.000 a $ 77.900 mensuales en el costo del servicio es uno de los temas que estudia el fiscal anticorrupción Esteban Jerez, a partir de una denuncia contra la licitación. La recolección de la basura está a cargo de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, la única que presentó oferta.
El funcionario resaltó que corresponde el aumento en el costo del servicio en esa proporción, pero que el incremento neto será de sólo el 16%.
"Estas consideraciones no son atendidas por el fiscal. Lo importante es aclarar que no se otorgan incrementos arbitraria o alegremente, sino que se justifican por la realidad económica. La política municipal ha sido siempre discutir para bajar los precios y tener el mejor servicio. Así se equilibran las cuentas", aseveró.
Dictamen no vinculante
Luna Clarasó admitió que la comisión de preadjudicación emitió y justificó su dictamen favorable a la oferta empresaria, pero explicó que no es vinculante y que la concesión no está otorgada. "El interventor Jorge Lobo Aragón no tiene plazos obligatorios que cumplir", aclaró.
"La Banda es la única empresa que cumple con la Ley Provincial de Medio Ambiente en la disposición final de los residuos. Se encuentra habilitada para contratar con el municipio. Ya no existe el Registro Público de Contratistas del Estado en Tucumán, por lo que suprimimos esa exigencia que era de imposible cumplimiento e inocua", puntualizó.
"No fui notificado del fallo, pero por lo que me enteré por la prensa, me parece absurdo que me impida realizar una denuncia por un delito de acción pública y que merece ser investigado. No iba a instruir ninguna presentación, sino denunciar a Lobo Aragón para que opere el imperio de la Justicia", remarcó el fiscal.
Jerez recordó que el municipio no le remitió nada de la documentación solicitada sobre la licitación de la recolección de residuos. "Los informes no sólo no fueron contestados, sino que Lobo Aragón adelantó que no lo iba a hacer, en un verdadero alzamiento contra una medida judicial. Entonces, plantea la incompetencia de esta Fiscalía, un tema que hace un año que está en tratamiento en la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordinaria por una presentación de Enrique Romero. Este tribunal nunca dictó una medida cautelar, pero sí lo hace la integración de feria", se quejó.
El fiscal anticorrupción vinculó el criterio de Avila a sus denuncias contra magistrados que obstruyen su labor. "No dudo que su posición tiene que ver con mis críticas a ciertos miembros del Poder Judicial. No creo que sea una venganza, sino más de lo mismo, de un sector que está en contra del trabajo de esta Fiscalía", aseveró. Avila es el presidente del Círculo de Magistrados.
"Pese a que aún no fui notificado, entiendo que la resolución no me impide seguir actuando, con nuevos pedidos de informes o allanamientos, en la investigación de un delito de extrema gravedad, como es la posible concesión irregular de un servicio público. Con los papeles obtenidos, se determinó que durante 2002 se renovó la concesión cada 3 meses violando la ley, lo que le da verosimilitud a la denuncia", indicó.
"Lobo Aragón debe presentarse y decir su verdad. Si no lo hace, es porque oculta algo", concluyó.
El secretario de Hacienda de Yerba Buena, Manuel Luna Clarasó, justificó el aumento en el costo del contrato de recolección de residuos -al que estimó menor del que podría haberse producido por efecto de la inflación- ya que se amplió la prestación territorial y poblacional.
"El incremento tiene una profunda y clara explicación. Desde setiembre de 2001 no se modificó el monto de la concesión, pese al aumento de los costos fijos (insumos, combustibles, neumáticos y repuestos de los camiones) de un 120% en la inflación mayorista y de un 41% en la minorista durante el año pasado. Además, desde enero de 2002 se amplió por ley provincial el territorio de Yerba Buena en un 25%, y en un 22% la población a atender", señaló.
El aumento de $ 56.000 a $ 77.900 mensuales en el costo del servicio es uno de los temas que estudia el fiscal anticorrupción Esteban Jerez, a partir de una denuncia contra la licitación. La recolección de la basura está a cargo de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, la única que presentó oferta.
El funcionario resaltó que corresponde el aumento en el costo del servicio en esa proporción, pero que el incremento neto será de sólo el 16%.
"Estas consideraciones no son atendidas por el fiscal. Lo importante es aclarar que no se otorgan incrementos arbitraria o alegremente, sino que se justifican por la realidad económica. La política municipal ha sido siempre discutir para bajar los precios y tener el mejor servicio. Así se equilibran las cuentas", aseveró.
Dictamen no vinculante
Luna Clarasó admitió que la comisión de preadjudicación emitió y justificó su dictamen favorable a la oferta empresaria, pero explicó que no es vinculante y que la concesión no está otorgada. "El interventor Jorge Lobo Aragón no tiene plazos obligatorios que cumplir", aclaró.
"La Banda es la única empresa que cumple con la Ley Provincial de Medio Ambiente en la disposición final de los residuos. Se encuentra habilitada para contratar con el municipio. Ya no existe el Registro Público de Contratistas del Estado en Tucumán, por lo que suprimimos esa exigencia que era de imposible cumplimiento e inocua", puntualizó.
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