Desde hoy, la disputa entre el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, y el interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, entrará en un nuevo capítulo. El primero centrará todos sus esfuerzos en recabar información sobre la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL. Se trata de la concesionaria del servicio de recolección y tratamiento de la basura del municipio, cuya licitación fue cuestionada por dos vecinas a través de una denuncia penal.
El viernes pasado, gracias a una orden del juez de Instrucción de feria, Alfonso Zottoli, Jerez allanó la sede de la intendencia y secuestró tres recibos de pagos efectuados a la compañía (por $ 38.000, $ 46.000 y $ 56.000) y documentación relacionada con la renovación -cada tres meses- del contrato hasta que se convocó al primer llamado a licitación pública.
Las dudas de Jerez están centradas en el hecho de que en la primera licitación, que se dio por caída en los primeros días de noviembre pasado, se autorizaba un presupuesto de $ 2,1 millones por tres años. Esto quiere decir que el municipio iba a pagar $ 700.000 por año y cerca de $ 58.000 por mes por el servicio. Sin embargo, en la segunda licitación, convocada sólo dos semanas después, la previsión total subió a $ 2,5 millones por los tres años, lo que equivale a que Yerba Buena desembolsaría cerca de $ 840.000 por año y $ 70.000 por mes.
Sólo tres días hábiles
Como a Jerez le quedan sólo tres días de trabajo -lo autorizaron a prestar funciones hasta el 15 de enero- utilizará hasta el miércoles para pedir informes y tomar medidas contra la empresa prestadora del servicio. Librará oficios a los registros Público de Comercio y de Contratistas del Estado. También solicitará información contable e impositiva y precisiones sobre la razón social de la firma y sobre su antigüedad y experiencia en el rubro.
El sábado, Lobo Aragón presentó un recurso de aclaratoria para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo precise los alcances de la medida cautelar que dictó el viernes. El tribunal le ordenó a Jerez que se abstenga de promover cualquier acción por desobediencia contra Lobo Aragón mientras no se resuelva la cuestión de fondo (el interventor cuestionó la constitucionalidad de la resolución que en 2000 le otorgó a Jerez competencia anticorrupción). Lobo Aragón entiende que la cautelar le impedía a Jerez concretar el allanamiento.
El viernes pasado, gracias a una orden del juez de Instrucción de feria, Alfonso Zottoli, Jerez allanó la sede de la intendencia y secuestró tres recibos de pagos efectuados a la compañía (por $ 38.000, $ 46.000 y $ 56.000) y documentación relacionada con la renovación -cada tres meses- del contrato hasta que se convocó al primer llamado a licitación pública.
Las dudas de Jerez están centradas en el hecho de que en la primera licitación, que se dio por caída en los primeros días de noviembre pasado, se autorizaba un presupuesto de $ 2,1 millones por tres años. Esto quiere decir que el municipio iba a pagar $ 700.000 por año y cerca de $ 58.000 por mes por el servicio. Sin embargo, en la segunda licitación, convocada sólo dos semanas después, la previsión total subió a $ 2,5 millones por los tres años, lo que equivale a que Yerba Buena desembolsaría cerca de $ 840.000 por año y $ 70.000 por mes.
Sólo tres días hábiles
Como a Jerez le quedan sólo tres días de trabajo -lo autorizaron a prestar funciones hasta el 15 de enero- utilizará hasta el miércoles para pedir informes y tomar medidas contra la empresa prestadora del servicio. Librará oficios a los registros Público de Comercio y de Contratistas del Estado. También solicitará información contable e impositiva y precisiones sobre la razón social de la firma y sobre su antigüedad y experiencia en el rubro.
El sábado, Lobo Aragón presentó un recurso de aclaratoria para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo precise los alcances de la medida cautelar que dictó el viernes. El tribunal le ordenó a Jerez que se abstenga de promover cualquier acción por desobediencia contra Lobo Aragón mientras no se resuelva la cuestión de fondo (el interventor cuestionó la constitucionalidad de la resolución que en 2000 le otorgó a Jerez competencia anticorrupción). Lobo Aragón entiende que la cautelar le impedía a Jerez concretar el allanamiento.
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