La feria judicial salió ayer de la modorra a causa de la Municipalidad de Yerba Buena. La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para entender en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el municipio en contra de la resolución de mayo de 2000 por la cual el ex ministro fiscal, José Ricardo Falú, le asignó al fiscal Esteban Jerez competencia para entender en los delitos en contra del Estado. En forma paralela, Jerez, con una orden del juez Alfonso Zottoli, allanó la sede de la intendencia a raíz de la denuncia penal presentada por dos vecinas por supuestas irregularidades en la licitación del servicio de recolección y tratamiento de la basura a La Banda SRL. Jerez secuestró importante documentación que "corrobora la verosimilitud de la denuncia", según dijo a LA GACETA.
El máximo tribunal derivó la presentación de la asesora legal del municipio, María José Capdevilla, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta debe decidir si amerita tratar el planteo (y analizarlo con urgencia), si debe seguir un trámite ordinario a partir de febrero o si corresponde adjuntarlo a una causa similar abierta por el director de Transporte, Enrique Romero.
La resolución fue suscripta por René Mario Goane (a cargo de la presidencia), Alberto Brito y Alfredo Carlos Dato. "La Corte declaró esta presentación como asunto de feria exclusivamente para resolverla y siguió los precedentes de fallos anteriores. La causa pasó al tribunal competente para que resuelva. En esa misma línea se había pronunciado la ministro fiscal de feria, Marta Jerez de Rivadeneira", dijo Goane.
El interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, reconoció que instruyó a Capdevilla para que cuestione la competencia anticorrupción asignada a Jerez. Por ello, la puso en contacto con su abogado, Carlos Ruiz Núñez. Este efectuó planteos similares en otras causas abiertas por el fiscal.
Medida cautelar
Bajo pena de iniciarle acciones por desobediencia, Jerez le había dado a Lobo Aragón plazo hasta las 10 de ayer para que le presente toda la documentación vinculada a la licitación del servicio de recolección de residuos. El interventor no cumplió, como había anticipado. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso una medida cautelar a pedido de Capdevilla.
El tribunal, compuesto por Augusto Avila y Ana Rodríguez Prado de Basco, ordenó a Jerez que se abstenga de promover cualquier acción por desobediencia hasta que no se resuelva la cuestión de fondo (la inconstitucionalidad de la resolución que creó la Fiscalía Anticorrupción).
El máximo tribunal derivó la presentación de la asesora legal del municipio, María José Capdevilla, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta debe decidir si amerita tratar el planteo (y analizarlo con urgencia), si debe seguir un trámite ordinario a partir de febrero o si corresponde adjuntarlo a una causa similar abierta por el director de Transporte, Enrique Romero.
La resolución fue suscripta por René Mario Goane (a cargo de la presidencia), Alberto Brito y Alfredo Carlos Dato. "La Corte declaró esta presentación como asunto de feria exclusivamente para resolverla y siguió los precedentes de fallos anteriores. La causa pasó al tribunal competente para que resuelva. En esa misma línea se había pronunciado la ministro fiscal de feria, Marta Jerez de Rivadeneira", dijo Goane.
El interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón, reconoció que instruyó a Capdevilla para que cuestione la competencia anticorrupción asignada a Jerez. Por ello, la puso en contacto con su abogado, Carlos Ruiz Núñez. Este efectuó planteos similares en otras causas abiertas por el fiscal.
Medida cautelar
Bajo pena de iniciarle acciones por desobediencia, Jerez le había dado a Lobo Aragón plazo hasta las 10 de ayer para que le presente toda la documentación vinculada a la licitación del servicio de recolección de residuos. El interventor no cumplió, como había anticipado. Sin embargo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso una medida cautelar a pedido de Capdevilla.
El tribunal, compuesto por Augusto Avila y Ana Rodríguez Prado de Basco, ordenó a Jerez que se abstenga de promover cualquier acción por desobediencia hasta que no se resuelva la cuestión de fondo (la inconstitucionalidad de la resolución que creó la Fiscalía Anticorrupción).
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