Un decreto firmado por el intendente Antonio Alvarez, mediante el cual se autoriza una quita cercana al 80 por ciento para cerrar un acuerdo con la empresa El Trébol S.A por una deuda cercana al millón de pesos, se transformó en el eje de la primera polémica del año entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La resolución del jefe comunal acepta la propuesta de El Trébol para dar por concluido un proceso judicial iniciado en 1995, como consecuencia de una ejecución hipotecaria del ex Banco Municipal, sobre un terreno ubicado en la esquina de Ejercito de Norte y San Juan.
La deuda, en virtud de los intereses, alcanzó el millón de pesos, pero la empresa de transporte ofreció abonar 200.000 pesos y los honorarios profesionales para cancelarla. Esa oferta recibió el aval de los asesores de la Secretaría de Economía y Hacienda, que sugirieron aceptar con la condición de exigir un plazo perentorio para el cumplimiento del compromiso. En idéntico sentido, se manifestó la Fiscalía Municipal que habilitó la redacción del decreto cuestionado.
Ayer, el presidente del Concejo Deliberante, Luis Cruz Prina, solicitó al intendente que remita al cuerpo la copia del expediente que sustenta el decreto firmado el pasado 13 de diciembre. Los ediles de distintos bloques presumen que la resolución excede las facultades reconocidas para otorgar rebajas en el proceso de negociación de créditos por parte del administrador de la cartera y del propio intendente para autorizar las mismas.
Las autoridades justificaron la decisión en la emergencia económica, financiera y social por la que atraviesa el municipio, pero la intención de los concejales es evitar que la quita se concrete.
La resolución del jefe comunal acepta la propuesta de El Trébol para dar por concluido un proceso judicial iniciado en 1995, como consecuencia de una ejecución hipotecaria del ex Banco Municipal, sobre un terreno ubicado en la esquina de Ejercito de Norte y San Juan.
La deuda, en virtud de los intereses, alcanzó el millón de pesos, pero la empresa de transporte ofreció abonar 200.000 pesos y los honorarios profesionales para cancelarla. Esa oferta recibió el aval de los asesores de la Secretaría de Economía y Hacienda, que sugirieron aceptar con la condición de exigir un plazo perentorio para el cumplimiento del compromiso. En idéntico sentido, se manifestó la Fiscalía Municipal que habilitó la redacción del decreto cuestionado.
Ayer, el presidente del Concejo Deliberante, Luis Cruz Prina, solicitó al intendente que remita al cuerpo la copia del expediente que sustenta el decreto firmado el pasado 13 de diciembre. Los ediles de distintos bloques presumen que la resolución excede las facultades reconocidas para otorgar rebajas en el proceso de negociación de créditos por parte del administrador de la cartera y del propio intendente para autorizar las mismas.
Las autoridades justificaron la decisión en la emergencia económica, financiera y social por la que atraviesa el municipio, pero la intención de los concejales es evitar que la quita se concrete.
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