El Casino provincial sería concesionado por 30 años a manos privadas. Este viejo anhelo de varios gobiernos (lo intentaron sin éxito Ramón Ortega y Antonio Bussi) se concretaría antes de que Julio Miranda termine su gestión, para lo cual en la Caja Popular de Ahorros están estudiando el contenido de los pliegos llamando a licitación pública nacional e internacional.
El Poder Ejecutivo está habilitado desde julio de 2001 para privatizar "los juegos de ruleta, carteados y similares que los sustituyan, modifiquen o complementen", así como las llamadas maquinitas ("aparatos electrónicos, electromecánicos y/o de pulso que puedan otorgar premios").
El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, señaló que las autoridades competentes para completar los trámites licitatorios son los miembros del directorio de la Caja, y luego de terminar los papeles deben tener el aval de esta área. Aclaró que en su Ministerio aún no tienen ninguna conclusión oficial, pero reconoció que se apunta a lograr el autofinanciamiento de la Caja, con la reasignación de gastos y recursos, y la eliminación del déficit.
El ministro negó de cuajo que la concesión del Casino implique el comienzo de un proceso para privatizar (total o parcialmente) la Caja Popular. "No tengo previsto ni siquiera abrir la capitalización privada de acciones; descarto cualquier paso en ese sentido durante mi gestión. Sí vamos a apoyar todo lo necesario para la reestructuración y el saneamiento de la Caja, para lograr la consolidación de una de las instituciones más firmes de la provincia, pero siempre dentro del ámbito del Estado", señaló.
La entidad estudiaría también pedir a la Legislatura la modificación del aporte que debe realizar al Siprosa. Actualmente es de 400.000 pesos fijos por mes del resultado bruto del Sector Juegos, pero pretenderían que, en el futuro, los fondos sean remitidos a partir del superávit que pueda tener la institución.
El marco legal
Jaldo fue uno de los votantes de la Ley 7.151, que ratificó el decreto ómnibus de Déficit Cero (dispuso la inembargabilidad de las cuentas, la eliminación de las extensiones horarias, una caja única de pagos y el retiro voluntario de los mayores de 54 años). Por esa norma se creó el Fondo Permanente de Aporte al Financiamiento de los Sistemas de Salud y de Educación, y dentro de él, se facultó al PE a concesionar los juegos que administra.
De hecho, tras el retiro de Codere ya no existen en el ingreso del Casino las máquinas tragamonedas, y el Telekino está privatizado desde hace tiempo. La ley permitiría avanzar sobre la quiniela.
El pliego licitatorio del Casino debe contemplar el valor de las explotaciones, el canon a pagar y el mantenimiento de toda la planta de personal, con su nivel actual de remuneraciones y de beneficios. Los empleados deben tener la opción de pasar a la Caja o a otra dependencia pública.
El cuarto intento de desestatizar la casa de juegos
La historia del Casino tucumano comenzó a escribirse el 31 de mayo de 1959, cuando el senador Cruz Alfredo Fajre gritó que la primera bola había caído en el casillero de "Colorado el 31". Era la culminación de una de las grandes ilusiones del gobernador radical Celestino Gelsi.
También fue en mayo, pero de 1995, cuando se produjo el primer intento de concesionar la mayor sala de apuestas de la provincia. La idea original fue del gobernador Ramón Bautista Ortega, e incluía la obligación de remodelar el ex hotel Savoy para convertirlo en un edificio de cinco estrellas.
En febrero de 1996, su sucesor en la gobernación, Antonio Domingo Bussi, continuó con la avanzada privatizadora, pese a que el Casino era rentable y que tenía un plantel de 203 empleados (la mitad, respecto de 1990, aunque actualmente la plantilla no superaría los 180 empleados).
En esos días, el portavoz destacado contra la concesión era el entonces legislador radical José Alperovich. Sin embargo, fue él mismo cuando, convertido en ministro de Economía del gobierno peronista de Julio Miranda, impulsó el traspaso del juego a manos privadas. Corría enero de 2001, pero el tema ya se venía estudiando desde diez meses antes.
El 31 de julio de 2001, la iniciativa se transformó en ley. Dos meses después, desde el Poder Ejecutivo trascendió que había seis grupos empresarios (del país y del exterior) interesados en la explotación del Casino provincial. Entonces se decidió crear una comisión para elaborar las bases licitatorias, a cargo de Antonio Guerrero (ex ministro de Gobierno); Joaquín Ferre (ex secretario de Hacienda) y Pablo Baillo (entonces vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros). Nunca funcionó.
El Poder Ejecutivo está habilitado desde julio de 2001 para privatizar "los juegos de ruleta, carteados y similares que los sustituyan, modifiquen o complementen", así como las llamadas maquinitas ("aparatos electrónicos, electromecánicos y/o de pulso que puedan otorgar premios").
El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, señaló que las autoridades competentes para completar los trámites licitatorios son los miembros del directorio de la Caja, y luego de terminar los papeles deben tener el aval de esta área. Aclaró que en su Ministerio aún no tienen ninguna conclusión oficial, pero reconoció que se apunta a lograr el autofinanciamiento de la Caja, con la reasignación de gastos y recursos, y la eliminación del déficit.
El ministro negó de cuajo que la concesión del Casino implique el comienzo de un proceso para privatizar (total o parcialmente) la Caja Popular. "No tengo previsto ni siquiera abrir la capitalización privada de acciones; descarto cualquier paso en ese sentido durante mi gestión. Sí vamos a apoyar todo lo necesario para la reestructuración y el saneamiento de la Caja, para lograr la consolidación de una de las instituciones más firmes de la provincia, pero siempre dentro del ámbito del Estado", señaló.
La entidad estudiaría también pedir a la Legislatura la modificación del aporte que debe realizar al Siprosa. Actualmente es de 400.000 pesos fijos por mes del resultado bruto del Sector Juegos, pero pretenderían que, en el futuro, los fondos sean remitidos a partir del superávit que pueda tener la institución.
El marco legal
Jaldo fue uno de los votantes de la Ley 7.151, que ratificó el decreto ómnibus de Déficit Cero (dispuso la inembargabilidad de las cuentas, la eliminación de las extensiones horarias, una caja única de pagos y el retiro voluntario de los mayores de 54 años). Por esa norma se creó el Fondo Permanente de Aporte al Financiamiento de los Sistemas de Salud y de Educación, y dentro de él, se facultó al PE a concesionar los juegos que administra.
De hecho, tras el retiro de Codere ya no existen en el ingreso del Casino las máquinas tragamonedas, y el Telekino está privatizado desde hace tiempo. La ley permitiría avanzar sobre la quiniela.
El pliego licitatorio del Casino debe contemplar el valor de las explotaciones, el canon a pagar y el mantenimiento de toda la planta de personal, con su nivel actual de remuneraciones y de beneficios. Los empleados deben tener la opción de pasar a la Caja o a otra dependencia pública.
La historia del Casino tucumano comenzó a escribirse el 31 de mayo de 1959, cuando el senador Cruz Alfredo Fajre gritó que la primera bola había caído en el casillero de "Colorado el 31". Era la culminación de una de las grandes ilusiones del gobernador radical Celestino Gelsi.
También fue en mayo, pero de 1995, cuando se produjo el primer intento de concesionar la mayor sala de apuestas de la provincia. La idea original fue del gobernador Ramón Bautista Ortega, e incluía la obligación de remodelar el ex hotel Savoy para convertirlo en un edificio de cinco estrellas.
En febrero de 1996, su sucesor en la gobernación, Antonio Domingo Bussi, continuó con la avanzada privatizadora, pese a que el Casino era rentable y que tenía un plantel de 203 empleados (la mitad, respecto de 1990, aunque actualmente la plantilla no superaría los 180 empleados).
En esos días, el portavoz destacado contra la concesión era el entonces legislador radical José Alperovich. Sin embargo, fue él mismo cuando, convertido en ministro de Economía del gobierno peronista de Julio Miranda, impulsó el traspaso del juego a manos privadas. Corría enero de 2001, pero el tema ya se venía estudiando desde diez meses antes.
El 31 de julio de 2001, la iniciativa se transformó en ley. Dos meses después, desde el Poder Ejecutivo trascendió que había seis grupos empresarios (del país y del exterior) interesados en la explotación del Casino provincial. Entonces se decidió crear una comisión para elaborar las bases licitatorias, a cargo de Antonio Guerrero (ex ministro de Gobierno); Joaquín Ferre (ex secretario de Hacienda) y Pablo Baillo (entonces vicepresidente de la Caja Popular de Ahorros). Nunca funcionó.
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