Los controles institucionales son débiles en Tucumán

El gobernador, José Alperovich, festejó como un triunfo que se haya atrapado un inspector de la Secretaría de Trabajo cuando supuestamente recibía una coima de $ 1.000. Con el mismo entusiasmo instó a la sociedad a que "les tienda camas" a los corruptos. No obstante, nada dijo cuando 10 días atrás se le preguntó sobre los casi $ 10 millones gastados en 2006 y en 2007, cuya rendición adeuda la Secretaría General de la Gobernación al Tribunal de Cuentas (TC). El llamado y, sobre todo, el silencio del mandatario -en el segundo caso- invitan a reflexionar sobre la debilidad de los controles institucionales en Tucumán, pese a que la reforma Constitucional de 2006 jerarquizó, al menos nominalmente, órganos como el TC y la Defensoría del Pueblo.