Un órgano manoseado por numerosos cambios

El Tribunal de Cuentas (TC) tiene rango constitucional desde 2006. Pero antes, su composición variaba en función de simples modificaciones legislativas, que muchas veces expresaban las tiranteces entre los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto de un órgano encargado nada menos que de la fiscalización del empleo de los recursos del Estado.
En 1995, la Legislatura retocó la Ley de Administración Financiera y elevó de tres a cinco el número de miembros del TC, que pasaron a ser designados por el vicegobernador con carácter vitalicio. Fueron nombrados Jorge Avila, Pedro León Cornet, Darío Domingo de Prada, Jorge Olmos y José Nadef.
En diciembre de 1999, la Legislatura volvió a cambiar la norma. Como consecuencia rebajó de cinco a tres el número de vocales y dispuso que estos debían ser renovados cada cuatro años. Como al único al que le prestaron acuerdo de la vieja formación fue a Domingo de Prada, los otros cuatro reclamaron una indemnización contra el Estado. Mientras tanto, fueron designados Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci.
En 2002, la Legislatura otra vez estableció que los vocales duran mientras dure su buena costumbre, algo que ratificó la Constitución de 2006 (son removibles mediante juicio político) y que extendió a los actuales vocales del TC. El año pasado, la Cámara finalmente prestó acuerdo a la propuesta del PE de que Marcelo Vidal reemplace a De Prada, fallecido en 2004.