Por Redacción Política
27 Julio 2008
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El 22 de diciembre de 2004, la Legislatura sancionó la ley (N° 7.469), que autorizó la reforma parcial de la Constitución. Ese día, entre los argumentos de mayor peso invocados por el oficialismo, para propiciar la modificación, estaba el de dar jerarquía constitucional al Tribunal de Cuentas (TC).
El legislador justicialista Antonio Raed destacó que la constitucionalización del TC iba a impedir que sus miembros pudieran ser removidos y “víctimas de los avatares políticos”, lo que afecta la independencia del órgano de control.
Sisto Terán argumentó de forma similar: “durante la Legislatura de 1991-1995 se llegó a sancionar una ley que decía que a los miembros los designaba el vicegobernador con su sola firma. Hoy, se aplicó una modificación, se aniquiló el carácter vitalicio de los miembros y se determinó que los nuevos iban a ser designados a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Todas estas discusiones, que son lógicas, van a quedar fuera de contexto cuando se plasme en el texto constitucional qué es el TC, cómo debe estar compuesto y cuáles son sus atribuciones”.
La oposición, por el contrario, insistió en que el valor del TC dependía de otros factores. El entonces bussista -hoy de Recrear- Ernesto Padilla advirtió: “si sólo el TC estuviera integrado por personas independientes de los poderes de turno podría ello, sólo ello, garantizar la independencia funcional. Sabemos todos que a los miembros los designa la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo; es decir que el controlado designa al controlante. ¡Vaya garantía de independencia! Si la voluntad política del momento hubiera dispuesto una integración distinta la independencia habría estado garantizada”.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Canevaro, que aún no había saltado al alperovichismo. “Se habla de que es necesario darle jerarquía constitucional al TC cuando es real que esta Legislatura ha votado distintos fondos fiduciarios que, casualmente, lo único que hacen es eludir al TC y dejar de lado la aplicabilidad de la Ley de Administración Financiera. También, cuando es real que los propios miembros del TC son designados por el propio PE que es a quien, en definitiva, deben controlar”, dijo.
El legislador justicialista Antonio Raed destacó que la constitucionalización del TC iba a impedir que sus miembros pudieran ser removidos y “víctimas de los avatares políticos”, lo que afecta la independencia del órgano de control.
Sisto Terán argumentó de forma similar: “durante la Legislatura de 1991-1995 se llegó a sancionar una ley que decía que a los miembros los designaba el vicegobernador con su sola firma. Hoy, se aplicó una modificación, se aniquiló el carácter vitalicio de los miembros y se determinó que los nuevos iban a ser designados a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Todas estas discusiones, que son lógicas, van a quedar fuera de contexto cuando se plasme en el texto constitucional qué es el TC, cómo debe estar compuesto y cuáles son sus atribuciones”.
La oposición, por el contrario, insistió en que el valor del TC dependía de otros factores. El entonces bussista -hoy de Recrear- Ernesto Padilla advirtió: “si sólo el TC estuviera integrado por personas independientes de los poderes de turno podría ello, sólo ello, garantizar la independencia funcional. Sabemos todos que a los miembros los designa la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo; es decir que el controlado designa al controlante. ¡Vaya garantía de independencia! Si la voluntad política del momento hubiera dispuesto una integración distinta la independencia habría estado garantizada”.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Canevaro, que aún no había saltado al alperovichismo. “Se habla de que es necesario darle jerarquía constitucional al TC cuando es real que esta Legislatura ha votado distintos fondos fiduciarios que, casualmente, lo único que hacen es eludir al TC y dejar de lado la aplicabilidad de la Ley de Administración Financiera. También, cuando es real que los propios miembros del TC son designados por el propio PE que es a quien, en definitiva, deben controlar”, dijo.
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