La mala costumbre de que el fisco responda por todo

“Responderemos por lo que haya que responder”. Esto anunció el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, después del acto en el hipódromo durante la visita de la Presidenta el 9 de julio, cuando, por haberse desplomado una tribuna, murió Juan Valdez y Diego Andrada (14 años) quedó postrado con una lesión en los pulmones. Jaldo, sin particularizar qué área o quiénes habían trabajado en la seguridad del armado de las gradas, subsumió lo sucedido bajo la presunta responsabilidad del Estado en tanto organizador de un acto oficial.
En 1963, el prestigioso administrativista Agustín Gordillo ya advertía sobre los prejuicios que traía aparejado, aun cuando ello le resultara en la práctica más ventajoso a las víctimas, que sólo el Estado corriera con las indemnizaciones y no los funcionarios que, eventualmente, no hubieran cumplido con sus obligaciones, como manda el artículo 1.112 del Código Civil.   
Argumentaba que la falta de sincronización de ambas responsabilidades, pese a ser una necesidad social, republicana y jurídica, generaba “efectos en materia de corrupción administrativa y desaliento social que están a la vista”. “Se desea que la costumbre de perseguir personalmente a los funcionarios ante los tribunales no sea abandonada. La eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es aún el mejor medio que se ha encontrado para impedir las prevaricaciones de los funcionarios”, alertaba.