Una discusión que se frustró en 2006

La Convención Constituyente de 2006 estaba habilitada para establecer el juicio de residencia, de manera de poder controlar la evolución patrimonial de quienes ejercieron un cargo público. Legisladores oficialistas y de la oposición, cuando sancionaron la ley que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna en diciembre de 2004, defendieron el valor moralizante de este instituto, que finalmente no fue introducido.    
El peronista Antonio Raed defendió con fuerza este mecanismo. “Esta Legislatura, que ha puesto esmero y el mayor de los pruritos en tratar de demostrar la más absoluta transparencia en sus actos, tiene necesariamente que propiciar e impulsar la incorporación del juicio de residencia, para que un fiscal con competencia específica analice la situación patrimonial de todos y cada uno de los funcionarios, con cargos electivos o sin ellos, que eventualmente se incorporen a la estructura institucional de la provincia y, de esa manera, poder determinar si ha tenido un comportamiento acorde con el mandato conferido por el pueblo y acorde con la responsabilidad confiada”, esgrimió.  
Desde la oposición, Pedro Stordeur (Recrear) recordó que los antecedentes del instituto se remontaban a los tiempos de la colonia, en tanto significaba “una explicación de la evolución patrimonial y de la conducta del funcionario durante los años en que ocupó un cargo, electivo o no”. “Esto tiene que ver con el control y la participación ciudadanos, y con la lucha contra la corrupción”, alertó.