La responsabilidad, aquel sueño de 1907

Desde 1907, y pese a las reformas de 1990 y de 2006, la Constitución de la provincia mantiene sin alteraciones el artículo 4, que establece: “los funcionarios y empleados públicos serán responsables directamente ante los tribunales de las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones y de los daños que por ellas causaren. Cuando los culpables sean varios, la responsabilidad es solidaria”. Más allá de su contundencia, esta disposición ha tenido escasa efectividad, porque los damnificados, cuando deciden accionar judicialmente, prefieren hacerlo -por razones prácticas y de solvencia- contra el Estado provincial.
No obstante, la inserción de la norma dio lugar a un ilustrado debate durante la Convención Constituyente de 1907. Alberto Rougés,  en general, defendió acaloradamente su inclusión. “No se derivaría (por ella) ni la desigualdad, ni el fuero, ni el privilegio. La condición de los funcionarios y la de los que no lo fueran quedaría emparejada ante la ley. De nada pudiera quejarse la Justicia. El triunfo verdadero, pues, del pueblo, en brega por sus derechos, ha consistido en esta materia en llevar ante los tribunales ordinarios a los empleados para que se justifiquen”, dijo.
El convencional Juan B. Terán también justificó la regulación, pese a existir una disposición similar en el Código Civil (el artículo 1.112). “Siendo materia de derecho público la responsabilidad de los funcionarios, todo lo que tienda a aclararla o asegurarla no es extraño a las deliberaciones de la Convención”, argumentó.