Sin controles, el Estado queda indefenso

El viernes, el gobernador José Alperovich estaba exultante. "Me encanta, a los corruptos hay que meterlos presos". Esto aseguró en referencia al inspector de la Secretaría de Trabajo que habría pedido $ 1.000 de coima al propietario de un lavadero para otorgarle el acta de registro de empleados. No obstante, 10 días atrás, cada vez que le preguntaban sobre los casi $ 10 millones por gastos efectuados durante 2006 y 2007 cuya rendición adeudaba la Secretaría General de la Gobernación, se limitaba a contestar: "no conozco".
El 3 de este mes, la Legislatura, encargada de limitar o controlar los excesos presupuestarios, aprobó -por ley- todas las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo para la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, pese a que no estaba especificado a cuánto ascendían aquellas. Asimismo, en temas ambientales, como el de la situación de la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado (cumple un servicio público) en las proximidades del Río Salí o en el de la frustrada instalación de tragamonedas en el Parque 9 de Julio, la voz cantante la llevaron ciertas organizaciones no gubernamentales, pero no la Defensoría del Pueblo. Esta, en cambio, participó en audiencias públicas convocadas por la Justicia Federal cuando se discutían los efectos interprovinciales de la contaminación de la cuenca del Salí.
Estos simples ejemplos ponen sobre el tapete la importancia de los pesos y contrapesos en una república, algo con lo que fue identificada la postura del vicepresidente Julio Cobos en su negativa a votar el proyecto sobre las retenciones móviles del Gobierno que él mismo integra. También incentiva la discusión acerca de qué ganó la sociedad concretamente con el hecho de que la reforma de 2006 haya otorgado rango constitucional al Tribunal de Cuentas (TC) o al instituto del ombudsman.

Festejo pírrico
El constitucionalista Germán Bidart Campos solía enseñar que "un poder sin control -descontrolado- equivale a abuso de poder, lesivo de la libertad". Precisamente, la teoría pergeñada por Montesquieu parte del supuesto de que, para lograr el necesario equilibrio, cuanto mayores sean las atribuciones otorgadas a un órgano con funciones de poder, más deben ser las que se atribuyan a otros, para que controlen a aquellos.
El gobernador festeja que se haya pillado a un inspector -en un caso de $ 1.000- e insta a que la gente tienda camas a los corruptos, como dando a entender que sólo se trata de una batalla centrada en esfuerzos particulares, quijotescos, y no de una global, sistémica, encabezada por el propio Estado, con controles institucionalizados que funcionen ensambladamente.
El peligro de los controles aislados es su fragilidad y la soledad en la que pueden quedar aquellos que debidamente los promueven cuando no hay una cultura pública convencida de que el ejercicio limitado del poder es un rasgo propio de las repúblicas. Lo señala el constitucionalista mexicano Diego Valadés: "los instrumentos de control se vuelven menos funcionales mientras mayores sean las asimetrías existentes entre los órganos del poder. En ese sentido, los controles sobre el gobierno se verán facilitados en tanto que haya mejores controles dentro del propio gobierno".
La Constitución de 2006 jerarquizó dos órganos que ya funcionaban (el TC y la Defensoría del Pueblo), pero cuyos andamiajes dependían de simples leyes, que podían ser modificadas fácilmente. A ambos los dotó -al menos eso se desprende del texto- de plena independencia y autonomía funcional; en el primer caso para el control y fiscalización del empleo de los recursos y patrimonio del Estado; en el segundo, para que proteja los derechos tutelados por la Constitución y los pactos internacionales frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, o de prestadores de servicios públicos. Además, en materia de prerrogativas, los vocales del TC quedaron prácticamente equiparados a los miembros de la Corte Suprema, y el ombudsman (Jorge García Mena), a los legisladores y su mandato por cinco años (comenzó en 2004) puede ser prorrogado -por la mayoría de la Legislatura- por una vez.
Cuando cuestionó que la Constitución haya delegado al Poder Ejecutivo la integración por decreto del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano concebido nada menos que para seleccionar a los jueces (con excepción de los vocales de la Corte Suprema y el ministro fiscal), la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo efectuó una elocuente comparación. Los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello advirtieron que esa suerte de cheque en blanco concedida al PE respecto del CAM difería del esmero puesto en la regulación del TC y de la Defensoría del Pueblo. "Es notable el contraste que existe entre la plenitud -y el grado de protección incluso- con que organizó la integración de estos y la absoluta vaciedad en que dejó al CAM", observaron.
Los controles son clave para la calidad institucional y para que no cunda el desánimo. Suele decirlo el catedrático Alberto Sánchez, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, a propósito de su provincia: "en San Juan, la determinación del perjuicio fiscal y de los cargos consecuentes son materia del Tribunal de Cuentas. ¿Cuáles son los resultados concretos desde su creación, en 1968? A juzgar por lo cuantitativo, no muy alentadores, ya que desde el primer fallo condenatorio acontecido en 1991, hasta fines de 1999, sólo se produjeron 26 condenas. A tono, el poder de recuperación de los montos de perjuicio fiscal es prácticamente nulo". La experiencia de otros puede servir como alerta.