Bussi no está en condiciones mentales de afrontar el juicio

La junta que se constituyó para examinar mentalmente al ex gobernador Antonio Bussi y determinar si puede afrontar un juicio oral por violaciones a los derechos humanos fue contundente. "Presenta un síndrome depresivo mayor de grado moderado y de carácter crónico, asociado a un deterioro neurocognoscitivo (intelectual) de grado moderado y de carácter irreversible. No se encuentra en condiciones mentales de participar o entender plenamente los actos jurídicos esenciales en que es requerida su presencia", reza el informe que recibió ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Los seis profesionales que examinaron o entrevistaron al militar retirado insistieron: "dada su disminución en lo que respecta a su aspecto cognitivo, a sus mecanismos inhibitorios y a su emotividad exacerbada, se estima que no estaría en condiciones de afrontar positivamente situaciones que reviertan exigencias que comprometan su rendimiento intelectual y su emotividad".
El informe fue suscripto por Alejandra Molteni (neuróloga), Ada Bini (psiquiatra) y Consuelo Muñoz (psicóloga), del Hospital Padilla, además de por Raúl Assial, forense de la Cámara Federal de Apelaciones, y por los médicos Hernán Mena y Martín Wilde, que actuaron como peritos de parte ofrecidos por la defensa de Bussi. La revisión había sido dispuesta porque el imputado tiene más de 70 años y los delitos que se le atribuyen son reprimidos con una pena mayor de 10 años de prisión.

Inminente resolución
Ayer mismo, cuando le corrieron vista de las conclusiones de la junta, el fiscal general ante el Tribunal Oral, Alfredo Terraf, requirió que sea convocado un médico del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especializado en psiquiatría. El objetivo es que también examine al ex mandatario antes de resolver qué sucederá con el inicio de las audiencias de debate del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en Tucumán durante la dictadura militar, previsto para el 5 de agosto.
Anoche, los integrantes del tribunal, Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Josefina Curi, trabajaban en una resolución para decidir con urgencia lo que ha solicitado el fiscal Terraf.